El Gobierno de Aragón y la Confederación Hidrográfica del Tajo firmarán un protocolo para mejorar la coordinación entre administraciones

El Gobierno de Aragón y la Confederación Hidrográfica del Tajo han formalizado una comisión para crear un protocolo de coordinación para los expedientes de trabajos forestales cuando coexisten los dos dominios públicos que les afectan a ambas instituciones: hidráulico y forestal. El objetivo de este grupo de trabajo es elaborar un documento que marque pautas para fomentar la colaboración entre administraciones, agilizar y simplificar los trámites burocráticos y establecer vías de comunicación fluidas y permanentes. El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez, firmarán en una fecha próxima el protocolo que emane del grupo de trabajo.

La creación de esta comisión de análisis es fruto de la reunión mantenida recientemente en la Subdelegación del Gobierno en Teruel a la que asistieron el subdelegado del Gobierno, José Ramón Morro; el comisario de guas y la comisaria adjunta de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Javier Díaz-Regañón y Ana Vicente; el director provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Pedro Polo; el alcalde de Albarracín, Michel Villalta; y el presidente de la Comunidad de Albarracín, Benito Lacasa.

Los fenómenos naturales adversos recurrentes durante los últimos años están provocando una mayor caída de árboles en los montes de utilidad pública de la Sierra de Albarracín, lo que afecta a la zona de servidumbre y dominio público hidráulico de los principales cursos de los ríos. Las grandes nevadas de 2018 y 2020, los temporales, las plagas o las crecidas de los cauces hacen necesario agilizar los procedimientos administrativos para actuar de una manera rápida y eficaz, con el el objetivo de evitar daños ecológicos a los cursos fluviales y a sus infraestructuras. Ha quedado de manifiesto que existe un conflicto interadministrativo a la hora de gestionar la franja de servidumbre donde confluyen los dominios públicos forestal e hidráulico, por lo que desde el Servicio Provinicial de Teruel se ha promovido esta comisión con la intención de mejorar la colaboración y la coordinación a la hora de abordar las soluciones precisas.

El año pasado, la Confederación Hidrográfica del Tajo abrió varios expedientes sancionadores contra el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Albarracín y la Comunidad de Albarracín a raíz de una serie de denuncias por la tala de pinos en el monte número 12, Vega del Tajo. La CHT determine que la deficiencia que se produjo fue de tipo administrativo, no medioambiental, y es lo que se pretende evitar en lo sucesivo. Los montes de utilidad pública de la Sierra de Albarracín están deslindados y amojonados, incluyendo áreas en el dominio público hidráulico. Al contar con el instrumento de gestión forestal preceptivo que autorizaba las cortas, se procedió con los trabajos sin solicitar autorización a la Confederación Hidrográfica del Tajo, como se había hecho tradicionalmente. Los expedientes se resolvieron como una falta leve por no haber cursado el acto administrativo de mero trámite, no obligaron a ninguna tarea de restauración natural y, por tanto, se estimó que no había daño al medio ambiente en las actuaciones.

Protocolo de colaboración interadministrativa

La elaboración del protocolo de colaboración interadministrativa es una propuesta del Gobierno de Aragón, ante los hechos acaecidos, siendo acogida de buen grado por todas las partes implicadas. Esta fórmula de trabajo ya se ha aplicado en otros casos con la Confederación Hidrográfica del Júcar.

El Gobierno de Aragón y la Confederación Hidrográfica del Júcar firmaron el año pasado un protocolo de colaboración para proteger y garantizar la existencia de los chopos cabeceros del Parque Cultural, en el curso alto del río Alfambra, que es una Reserva Natural Fluvial. Mediante el documento acordado, se permiten las tareas de poda, trasmoche o desmoche a cargo del Gobierno de Aragón en terrenos de dominio público hidráulico de la Confederación