Bienestar Social y Familia
Admitido a trámite el recurso del Gobierno de Aragón contra la convocatoria extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia
La Sectorial iba a celebrarse el 28 de abril y cambió de fecha tras el apagón, por lo que se interpuso un nuevo recurso contra la convocatoria extraordinaria del 5 de mayo
El recurso contencioso-administrativo presentado por el Gobierno de Aragón contra la convocatoria extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que finalmente se desarrolló este lunes ha sido admitido a trámite por la Audiencia Nacional.
Ya se había admitido el recurso interpuesto conforme a la fecha original de la convocatoria, el 28 de abril; toda vez que el Ministerio de Juventud e Infancia reprogramó la cita para este lunes 5 de mayo tras el corte generalizado del suministro eléctrico, se interpuso un nuevo recurso contra este acto administrativo, tanto por la inconstitucionalidad del Real Decreto Ley del que se deriva como por no reunir los requisitos legales para su convocatoria extraordinaria.
El primero de los recursos contencioso-administrativos presentados por Aragón impugnó el requerimiento formulado por el Ministerio de Juventud e Infancia de remisión de los datos relativos a las plazas y ocupación de los centros de menores en Aragón, asunto en el que es competente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En ese recurso el Gobierno de Aragón solicitó medidas cautelares cuya tramitación ha quedado suspendida en tanto se resuelve la solicitud de inadmisión del recurso planteada por el Estado.
De este modo, tras ese primer contencioso-administrativo contra el requerimiento de los datos, se han presentado sendos recursos frente a las convocatorias de la Conferencia Sectorial, así como también está presentado desde la semana pasada el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
La Comunidad Autónoma de Aragón pretende recurrir todos los actos administrativos derivados del Real Decreto Ley por considerarlo inconstitucional. Considera que rompe el principio de igualdad entre CCAA, quiebra la solidaridad y cooperación interterritorial y atenta contra los consensos de la propia Conferencia Sectorial sobre el reparto de menores no acompañados, además de las competencias autonómicas.