Aragón reitera su rechazo a la gestión de la crisis migratoria del Gobierno de España en la Sectorial de Infancia

Este viernes por la mañana se ha reunido el pleno ordinario de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en la sede del Ministerio de Sanidad, en Madrid: en nombre de Aragón, y por delegación de la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha intervenido por videoconferencia el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Ángel Val.

En esta Sectorial se ha abordado la situación de los menores extranjeros no acompañados que permanecen en Canarias a consecuencia de la crisis migratoria y el Ministerio de Juventud e Infancia, cuya titular es Sira Rego, ha presentado el proyecto de Real Decreto que busca regular el procedimiento para la reubicación y el traslado de estos jóvenes en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria desde las zonas tensionadas a otras Comunidades Autónomas.

El Gobierno de Aragón ha presentado alegaciones ante este Real Decreto, contenido central del segundo punto del orden del día de la Sectorial, y que es un desarrollo del Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo, al que la Comunidad Autónoma se ha opuesto en los últimos meses. Ese nuevo RD contiene el protocolo que deberían seguir tanto la Administración General del Estado como las Comunidades Autónomas si concurre una saturación de sus sistemas de protección de menores y establece además los órganos competentes tanto para declarar una situación de contingencia migratoria extraordinaria como para dictar la resolución sobre la ubicación y traslado de los menores no acompañados en caso de que no haya un acuerdo unánime al respecto en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

El principal argumento esgrimido por la DGA en sus alegaciones relativas a ese documento es la posible inconstitucionalidad del RDL del que se deriva: Aragón ha insistido por tanto en que ambos Decretos incumplen la Constitución porque invaden competencias autonómicas; también vulneran los derechos de los extranjeros en España y los derechos de los menores, así como el Estatuto de Autonomía de Aragón, la Ley autonómica de infancia, la Ley aragonesa de Servicios Sociales y la Ley que regula el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, motivos todos ellos por los que se opone a la tramitación y normativa contenida en estos dos Reales Decretos.

En el pleno también se ha abordado la distribución de un crédito de 22 millones de euros destinados a los territorios que el Estado ha considerado que padecen una mayor presión migratoria: Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Esta cuestión ha contado con el voto a favor de Aragón, si bien en el turno de intervención se ha destacado que esa dotación es insuficiente, tanto para estas CCAA como para el resto. 

El gerente del IASS ha recordado que se está asumiendo con fondos propios toda la atención derivada del repunte de llegadas de menores extranjeros no acompañados, creciente desde finales de 2023, espoleado por la inexistente gestión de la política migratoria por parte del Gobierno de España, y ha lamentado que el Estado no contribuye con ningún tipo de financiación a minorar el impacto y la tensión que padecen los sistemas de protección de menores autonómicos a raíz de esta situación.

Todos estos menores migrantes no acompañados, recuerda la DGA, están llegando a Aragón o bien camuflados entre los adultos trasladados dentro de los programas del Gobierno de España de acogida humanitaria y/o de protección internacional, o bien arriban a la Comunidad por sus medios, trasladados por sus propias familias a la Península, y quedan abandonados a las puertas de los centros de menores.

Por todo ello, Aragón ha vuelto a reclamar en esta Sectorial que el Estado asuma la financiación de la acogida de estos menores, incluido el proceso de emancipación de los jóvenes ex tutelados que las CCAA están asumiendo también con recursos propios. En el caso de Aragón, y al amparo del Programa 17+ que coordina el IASS, se acompaña a los participantes en su transición a la vida adulta una vez alcanzan la mayoría de edad y en ocasiones ese sostén se mantiene hasta que cumplen los 23 años.

En concreto, con datos actualizados a 31 de diciembre de 2024, Aragón atendía a través del mencionado programa a 119 jóvenes ex tutelados. Actualmente el plan de respuesta del Gobierno de España sólo financia el primer año de estancia y acompañamiento a los menores migrantes que llegan solos a Aragón; el resto de ese proceso lo costea el Ejecutivo autonómico.

Sobre el reparto de menores migrantes no acompañados

La última Conferencia Sectorial se desarrolló el pasado 28 de abril y Aragón expresó su voto en contra de la propuesta contenida en el RDL 2/2025 mediante el que el Gobierno de España busca imponer a las Comunidades Autónomas los criterios de reparto de menores migrantes no acompañados que permanecen en Canarias. Un mes después, el pasado 28 de mayo, se celebró la Comisión Sectorial de Infancia, que es el órgano encargado de elaborar el orden del día de la Conferencia Sectorial: esta reunión contó también con la participación de Ángel Val, gerente del IASS, desplazado entonces a Madrid.

En esa sesión los datos relativos a los sistemas de menores de las distintas regiones que había recopilado el Estado fueron señalados como erróneos por varias CCAA, razón por la que dos puntos del orden del día previstos en principio decayeron, tanto el relativo al reparto de menores migrantes como el de los propios criterios. Desde el Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón se interpretó esta situación como una prueba más de que el mencionado Real Decreto Ley no está bien elaborado.

Es por esta razón por la que en los últimos meses Aragón se ha mostrado en contra de la propuesta de contingencia migratoria diseñada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que se ha hecho sin contar con las Comunidades Autónomas, sólo conforme a los intereses de una región en concreto, e invadiendo además competencias autonómicas. Ésa es la posición que ha mantenido el Gobierno de Aragón respecto al RDL y que ha sostenido en los tribunales: además de interponer un recurso de inconstitucionalidad, que ya fue admitido a trámite, la DGA también ha litigado en contra de este texto y de los actos derivados de su aplicación en el ámbito contencioso–administrativo.