Susín expone en el Senado la eficiencia y agilidad alcanzada por el sistema de dependencia aragonés y reclama más financiación al Gobierno de España

“El Gobierno de Jorge Azcón ha destinado el mayor presupuesto de la historia de Aragón a los servicios públicos, con un récord de inversión en dependencia, demostrando que una buena gestión es lo opuesto a la propaganda, a la pancarta estridente y a los ‘derechos de papel’”. Con estas palabras ha concluido la consejera en funciones de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, su comparecencia ante la comisión general de las Comunidades Autónomas del Senado este martes por la mañana.

En su intervención en la Cámara Alta, en Madrid, Susín ha ejemplificado los avances del sistema autonómico de dependencia con la mejora del tiempo medio de resolución de expedientes: el plazo se ha reducido a 134 días –con datos actualizados a 28 de febrero de 2026– lo que sitúa a la Comunidad Autónoma de Aragón 204 días por debajo de la media nacional, establecida en 338 días, y la coloca en una posición de “liderazgo en la agilidad administrativa”, ha remarcado. 

Este hito que ha alcanzado la Comunidad, ha puntualizado, no es “fruto de la casualidad”, puesto que “Aragón ha realizado un importante trabajo en los dos últimos años y medio para mejorar su sistema de dependencia: se ha dado un salto cualitativo y estamos alcanzando, mes a mes, máximos históricos en la cobertura del sistema”, ha afirmado en la comisión.

Susín ha detallado los datos de gestión de 2024, dado que los correspondientes a 2025 están pendientes de consolidar (*): ha indicado que el Gobierno de Aragón ejecutó en 2024 319 millones de euros en el sistema autonómico de dependencia, lo que supuso “un récord histórico de financiación” y que, según las previsiones, se superará en 2025.

También ha recordado que la prestación de servicios públicos en Aragón, como la dependencia, se ve encarecida por la dispersión geográfica y el envejecimiento de una Comunidad que es la 4ª en extensión, pero la 3ª con menor población. “Tres de cada cuatro municipios aragoneses tienen menos de 500 vecinos; gran parte de Aragón es un desierto demográfico”, ha explicado la Consejera en funciones, que ha reivindicado “una financiación justa” que garantice que no existan “dependientes de 1ª y de 2ª”.

En este contexto, la consejera Susín ha señalado que la aportación del Estado al sistema de dependencia aragonés fue en 2024 de 70,2 millones de euros por el nivel mínimo y otros 39,9 por el nivel acordado; en total, 110 millones de euros, un 34% del total. Así, Aragón “aporta 2 de cada 3 euros para sostener el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad”, una cantidad “lejos del 50%–50% que marca la Ley de Dependencia desde el año 2006”, ha lamentado la Consejera en funciones.

“Hemos calculado que el Gobierno de Sánchez le debe a los dependientes aragoneses unos 450 millones de euros por no haber financiado ese 50% la dependencia desde el año 2018 hasta hoy”, ha remarcado Susín: “Así las cosas, el Gobierno de España ya estaba amenazando la viabilidad del sistema público de dependencia aragonés porque se niega a cofinanciarlo y, no conforme con eso, ahora está sobre la mesa una reforma que no va a servir para mejorar la situación y que ni siquiera se acompaña de una memoria económica solvente”.

En este sentido, la titular de Bienestar Social y Familia en funciones ha lanzado una advertencia sobre la reforma de la Ley de la Dependencia y de la Discapacidad, impulsada desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que promete “incorporar nuevos derechos”: “Desgraciadamente serán ‘derechos de papel’ si no se ponen recursos para hacerlos efectivos”, ha dicho, ya que “sin una planificación presupuestaria acorde, lo que nos está pidiendo el Gobierno de España a las CCAA es que volvamos a poner su parte”.

Esta forma de legislar que ya caracteriza al Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha manifestado Susín, alimenta “la frustración y la desconfianza en lo público”. Por último, la Consejera en funciones ha reiterado que Aragón “está haciendo los deberes respecto a la dependencia”, y lo está haciendo “pese a que el Gobierno de España no está haciendo lo propio”.

La comparecencia de la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón en funciones se ha desarrollado en la sala Europa del Senado. También han intervenido en la sesión las titulares de los distintos Departamentos y Consejerías con competencias en servicios sociales de Galicia, Cantabria, Región de Murcia, Extremadura, Islas Baleares, Comunidad de Madrid y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

(*) Actualización a las 15.00 horas: La previsión es que el gasto certificado en dependencia en 2025 en Aragón ascienda a 348 millones de euros: un 68,16% lo aporta la Comunidad Autónoma y el 31,84% restante, el Estado. 

Según esta estimación provisional, el esfuerzo propio de la Comunidad se ha incrementado en torno a 28 millones respecto a 2024, pasando de 209 millones a 237 millones en 2025 frente a 111 millones aportados por el Gobierno de España.

Son las CCAA las que recopilan y comunican estos datos al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y que no existen otras fuentes oficiales. La situación actualizada a febrero de 2026 puede consultarse en este enlace.

Otros datos actualizados de dependencia

De acuerdo con los últimos datos disponibles recopilados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, a 28 de febrero de 2026, el sistema público de dependencia atiende a un máximo histórico de 49.233 aragoneses, un 8,1% más que hace un año. Por provincias, 32.090 personas atendidas residen en Zaragoza, 11.870 en Huesca y 5.273 en Teruel: todas ellas acceden a 65.444 prestaciones, de las que un 56% son económicas y el otro 44% son de servicios.

Dentro de ese cómputo destacan las prestaciones económicas por cuidados familiares (PECEF), la ayuda con mayor número de perceptores, 25.067, un 5,2% más que en febrero de 2025. En cuanto a la Prestación Económica de Colaboración con la Persona Cuidadora (PECPC), se han alcanzado los 1.199 titulares: por provincias, hay 896 titulares en Zaragoza, 209 en Huesca y 94 en Teruel.

Además las solicitudes pendientes de valorar han caído un 12,87% en los últimos 12 meses, situándose en 2.863; es la cifra más baja desde febrero de 2022 (2.882). Cabe recordar que el pico máximo de solicitudes sin valoración data de septiembre de 2024, cuando había 4.898 expedientes; la reducción respecto a ese registro crítico es del 41,55% a febrero de 2026.

Éstos y otros datos son remitidos desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales al IMSERSO para elaborar las estadísticas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) cada mes.