La DGA habilitará una plataforma propia de datos para seguir avanzando en la implantación de la administración electrónica

El Gobierno de Aragón dispondrá de una plataforma propia de gobernanza de datos en un nuevo paso más hacia el papel cero y la implantación total de la administración electrónica. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una inversión de un millón de euros para el desarrollo, la implantación y el mantenimiento de esta nueva herramienta, que permitirá a la ciudadanía realizar trámites sin tener que aportar ningún dato o documento que ya obre en poder de alguna administración pública.

Para los datos que gestiona la Administración General del Estado y muchos de los que ofrecen las Comunidades Autónomas al resto de administraciones, existe una plataforma de intermediación de datos, mantenida por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la cual se pueden verificar o consultar los datos ciudadanos. Son más de 80 servicios lo que aportan la información, tales como el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Estadística o la Agencia Tributaria. También las comunidades autónomas permiten la consulta de documentos, como el certificado de discapacidad, el de familia numerosa, el de escolarización… etc.

Y aunque ha sido clave para la implantación de algunos servicios de administración digital, presenta limitaciones como la imposibilidad de incorporar nuevos servicios voluntariamente o el uso propio dentro de una administración concreta, como el Gobierno de Aragón.

Por ello, el Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento encargará el diseño, el desarrollo, la implantación y el mantenimiento de una plataforma propia, que permita a las distintas unidades del Ejecutivo autonómico compartir de forma ágil los datos que gestionan.

La nueva solución conjugará esta utilidad, con todas las salvaguardas y controles necesarios para que el intercambio de información se realice con las máximas garantías legales y de seguridad. De hecho, hasta la propia ciudadanía podrá controlar los datos que la Administración posee de ella y el uso que de ellos se realizan.

El contrato tendrá una duración de 36 meses, prorrogable por un plazo máximo de dos años, y un coste de un millón de euros, repartidos en tres anualidades. En 2021, se abonarán 446.028,76 euros, gracias a la tramitación anticipada; en 2022, 414.249,12; y en 2023, 185.481,57.

Esta iniciativa está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) “Construyendo Europa desde Aragón” en la actuación ‘Desarrollo de la administración electrónica’.