Aprobado el Proyecto de Ley de Vivienda para su tramitación en las Cortes de Aragón

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Proyecto de Ley de Vivienda de Aragón, una vez transcurrida la fase de anteproyecto y el procedimiento de consultas y participación ciudadana que ha permitido la introducción de 59 aportaciones totales y 184 parciales para mejorar el texto inicial. Tras el pertinente debate parlamentario en las Cortes de Aragón, el Proyecto devendrá en la primera Ley de Vivienda de Aragón, una vez reciba el necesario apoyo parlamentario, en cuyo caso, su aprobación se llevaría a cabo a lo largo de 2025.

El resultado es un texto de 78 artículos agrupados en cuatro títulos (régimen jurídico de los tipos de vivienda, instrumentos para la política de vivienda del Gobierno de Aragón, disposiciones relativas a agentes intervinientes en materia de vivienda y régimen de protección de la legalidad), más un título preliminar con las disposiciones generales que enmarcan el objeto de la ley, los principios rectores de la política de vivienda en Aragón, sus objetivos y enumera las tipologías de vivienda, definiendo además conceptos como el de infravivienda o vivienda desocupada. Asimismo, establece tres disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria y cinco disposiciones finales.

El Proyecto de Ley de Vivienda se sintetiza en un decálogo de actuaciones que busca revertir la complicada situación de la vivienda en Aragón y que es el siguiente:

1. Poner gratuitamente a disposición de la promoción de viviendas los suelos de titularidad pública que no vayan a destinarse a equipamientos públicos.

2. Garantizar la disponibilidad de recursos presupuestarios para contribuir a la promoción de nuevas viviendas, mediante la iniciativa pública directa o en régimen de colaboración público-privada.

3. Garantizar recursos presupuestarios para ayudar a los demandantes de vivienda, a fin de que éstos no tengan que destinar a ella más del 30% de sus ingresos.

4. Ofrecer soluciones diferenciadas atendiendo a las características y necesidades de cada municipio, ya sean capitales de provincia, localidades de más de 3.000 habitantes o núcleos más reducidos.

5. Regular las viviendas protegidas con criterios adaptados a las circunstancias sociales actuales, impulsando ayudas directas a los promotores para que la vivienda protegida vuelva a contribuir a la solución del problema, sin que su apuesta genere quebrantos en la cuenta de resultados de las empresas promotoras.

6. Utilizar instrumentos y programas para la adquisición de viviendas ya construidas para incrementar el parque de vivienda pública de Aragón.

7. Aportar soluciones habitacionales complementarias adaptadas a las actuales demandas sociales, tales como alojamientos para trabajadores de sectores productivos como el turismo, así como modos de vivienda en las que no solo se comparte el espacio físico, sino también aficiones y estilos de vida. Los comúnmente conocidos como cohousing o coliving.

8. Regular la condición y el régimen de uso de las viviendas sociales para destinarlas a los sectores de la población extremadamente vulnerables.

9. Colaborar con el resto de administraciones públicas mediante programas y acuerdos que permitan incrementar el número de viviendas con las que intervenir desde la iniciativa pública en un mercado inmobiliario constreñido por la escasez de oferta, los altos precios del alquiler y la dificultad de acceso a las hipotecas.

10. Posibilitar temporalmente la construcción de vivienda protegida en suelos definidos para uso terciario.