Aragón recurrirá el Real Decreto que impone un cupo de 476 menores extranjeros no acompañados en la comunidad

El Consejo de Gobierno extraordinario de este lunes ha decidido interponer un recurso contencioso administrativo frente al Real Decreto 556/2026, de 30 de junio, por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas de las comunidades y ciudades autónomas. Un recurso que se presentará de forma inminente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, solicitando la suspensión cautelar. Así lo han anunciado los vicepresidentes del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco y Mar Vaquero.

La vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo aragonés ha indicado que se ha autorizado a los servicios jurídicos, a instancias del Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia, a interponer este recurso frente al Real Decreto que amplía el Real Decreto de 2025 “que ya en su día recurrimos y que establecía también el número de menores que podía acoger la comunidad autónoma”.

“Con esta ampliación para 2026 hemos decidido interponer recurso porque se vuelve a repetir el patrón del Gobierno de España con respecto a su total falta de respeto a las competencias de las comunidades autónomas, han tomado una decisión de forma unilateral, imponiendo un reparto forzoso, sin ningún criterio argumentado y objetivo”, ha advertido.

Vaquero ha considerado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez solo sigue “criterios políticos en este acuerdo” que no responde a la planificación que tienen que llevar a cabo las comunidades autónomas, “saltándose el acuerdo, el consenso y la unanimidad que ha existido en otras ocasiones en las conferencias sectoriales y poniendo en riesgo el sistema de protección”. Es, por tanto, “una decisión unilateral, forzosa, que no respeta los criterios de las comunidades y que, por ello, nos lleva a interponer este recurso”, ha recalcado la vicepresidenta.

“Instrumentaliza a los menores de edad”

Alejandro Nolasco ha detallado que el Real Decreto 556/2026 “decide aumentar el cupo de acogida obligatoria de menas, alcanzando un nuevo techo de 476 para Aragón”. En respuesta a ello, el consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia ha indicado que “redoblamos la batalla judicial contra la vergonzosa, ilegal e indecente política de Pedro Sánchez que favorece la inmigración ilegal e instrumentaliza a los menores de edad de forma intolerable”.

Los motivos que argumenta el Gobierno de Aragón que le llevan a interponer el recurso se sustentan en que el Real Decreto 556/2026 “invade competencias autonómicas, y se ha hecho a espaldas del Gobierno de Aragón”. A esto se añade que “regula mediante Real Decreto una materia que está reservada a Ley Orgánica, dado que afecta a derechos fundamentales y libertades públicas, en particular los derechos reflejados en los artículos 10 y 15 de la Constitución Española”.

Nolasco ha agregado que el mencionado Real Decreto “incumple el acuerdo en vigor entre España y Marruecos, firmado el 6 de marzo de 2007, que obliga a España a devolver de inmediato a todo menor que cruza ilegalmente la frontera y que debe ser entregado a su familia o al Estado de Marruecos de forma urgente”.

El vicepresidente ha analizado que este Real Decreto, “en la práctica, favorece la inmigración ilegal, favorece a las mafias que hacen negocio con dicha inmigración ilegal, y utiliza a los menores inmigrantes para pisotear el Estado de Derecho”. “No hay democracia sin ley, y Sánchez pisotea la ley porque le estorba la democracia. La inmigración ilegal es una táctica más en esa estrategia de Sánchez contra la ley y contra la democracia”, ha enfatizado.

En esta línea, Nolasco ha subrayado que “hemos decidido recurrirlo para exigir que no entre en vigor y que no le sirva de coartada fraudulenta al Gobierno central para endosarnos a las comunidades autónomas la oleada de menas que formaron parte de la invasión que Ceuta sufrió hace dos meses”.