El Consejo de Gobierno acuerda la tramitación del anteproyecto de Ley de ordenación de entidades públicas y privadas

El Consejo de Gobierno celebrado este miércoles ha tomado conocimiento del anteproyecto de Ley de ordenación de entidades públicas y privadas que desarrollan actividades en materia de servicios sociales en Aragón, a propuesta de la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín. En el texto se compila y reformula toda la legislación existente en una única norma que tiene por objeto asegurar que tanto la iniciativa pública como la privada se someten a los mismos estándares de calidad y seguridad.

Esta iniciativa responde a un mandato establecido en la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón, y tiene como objetivo principal ofrecer una mayor seguridad jurídica en todo lo relativo a los organismos, centros y servicios sociales, sean públicos o privados, puesto que son los encargados de atender a personas especialmente vulnerables. Así, el anteproyecto precisa el régimen jurídico conforme al que deben operar todas las entidades –no sólo las públicas; también las privadas– y cómo han de regirse las relaciones de colaboración entre todos los actores y respecto al sistema público.

La razón de ser de la futura Ley es, en último término, procurar mejores estándares de calidad en la prestación de servicios –en cumplimiento con lo dispuesto en la Carta de derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios sociales de Aragón–, reducir la dispersión normativa y acotar el régimen aplicable a los servicios y centros. Su aprobación resulta un paso previo para abordar la reforma del Decreto 111/1992 por el que se regulan las condiciones mínimas que han de reunir los servicios y establecimientos sociales especializados.

El texto contiene propuestas para mejorar el actual Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales, que funciona desde 2021, y es un instrumento público de ordenación, constatación y publicidad: se va a simplificar y agilizar su funcionamiento para estructurar de forma más accesible y eficaz la presentación telemática de solicitudes, declaraciones responsables y comunicaciones, todas ellas de cumplimiento obligatorio para los centros y entidades. Además revisa y establece los requisitos para habilitarse como prestador servicios de carácter social.

También recoge cuestiones relativas a la actividad inspectora en torno a los centros, así como las funciones y facultades del personal inspector, que tendrá la condición de autoridad, y se prevé la elaboración de nuevos planes de inspección. Se contempla un régimen sancionador pormenorizado, claro y sencillo para las entidades prestadoras de servicios sociales; las sanciones por infracciones muy graves podrán incluir multas elevadas, prohibición de actividad, inhabilitación y cierre de centros.

Se incorpora la mención expresa al modelo de atención integral y centrado en la persona (artículo 14.2) como prioritario; se alude a la creación de órganos colegiados como la Comisión de coordinación socio-sanitaria, constituida el 2 de junio de 2025, y se establece la exigencia de certificaciones negativas del Registro Central de Penados para el personal que trabaje en centros sociales con población vulnerable (artículo 51), como son las personas mayores dependientes y personas con discapacidad.

El anteproyecto aborda asuntos relacionados con la seguridad y la protección de datos de profesionales y usuarios de centros, ordena el acceso a la tramitación de posibles denuncias y define el establecimiento de canales seguros para comunicar sugerencias y quejas, entre otras cuestiones.

El texto fue sometido a consulta pública entre el 18 de marzo y el 1 de abril de 2025. Una vez tomado en consideración por el Consejo de Gobierno, continuará su tramitación con la elevación al Gobierno de Aragón, el proceso de deliberación participativa, la solicitud de informes preceptivos y dictámenes y, finalmente, su aprobación para ser remitido a las Cortes de Aragón.