Consejo de Gobierno
El Gobierno de Aragón impulsa un nuevo Acuerdo Marco de Ciberseguridad por 63 millones de euros
La iniciativa permitirá modernizar la protección tecnológica del sector público, incorporar soluciones innovadoras y reforzar la respuesta ante amenazas digitales
El Gobierno de Aragón ha aprobado este miércoles en Consejo de Gobierno el inicio de los trámites para la contratación de un nuevo Acuerdo Marco mixto de suministro y servicios en materia de ciberseguridad, con destino a la Administración de la comunidad, sus organismos autónomos y el conjunto del sector público aragonés. Con una duración prevista de tres años, prorrogables por dos más, el contrato tiene un valor estimado de 63,6 millones de euros (IVA excluido).
Este nuevo acuerdo, promovido por la Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), responde a la necesidad de reforzar y modernizar los sistemas de protección digital del Gobierno de Aragón, en línea con la Estrategia de Ciberseguridad aprobada el pasado 29 de mayo de 2024.
El contrato se estructura en cuatro lotes:
El modelo de contratación mediante acuerdo marco permitirá homologar a empresas especializadas sin comprometer inicialmente un volumen fijo de contratación, lo que facilitará una respuesta ágil y eficiente ante nuevas demandas. Además, se prevé la incorporación progresiva de entidades locales al modelo de servicios compartidos del Centro de Ciberseguridad de Aragón.
Entre los objetivos del acuerdo destacan: garantizar un servicio de ciberseguridad de calidad, adaptable a la demanda, reforzar la resiliencia de los sistemas, y consolidar un ecosistema digital seguro basado en principios como ‘seguridad por diseño’, ‘zero trust’ y el uso de tecnologías innovadoras como la inteligencia artificial.
La financiación del acuerdo podrá contar con fondos europeos, como el programa FEDER Aragón 2021-2027 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia–NextGenerationEU.
Este acuerdo marco constituye una herramienta estratégica para consolidar la ciberseguridad como pilar esencial de la transformación digital del sector público aragonés, garantizando la protección de los servicios digitales, la privacidad de los ciudadanos y la resiliencia de las infraestructuras críticas frente a amenazas actuales y futuras.