El Gobierno de Aragón refuerza el personal para la nueva Oficina Judicial

El Consejo de Gobierno ha autorizado un programa temporal de empleo para reforzar el personal de la nueva Oficina Judicial, que sirve para asistir a todos los Tribunales de Instancia de Aragón, que se constituyen como consecuencia de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Con el acuerdo aprobado hoy, el Gobierno de Aragón sigue avanzando en dotar de los medios humanos y técnicos adecuados a la Oficina Judicial. En este caso, se aprueba el nombramiento de ocho personas funcionarias interinas, de la especialidad de ingenieros técnicos industriales, técnicos informáticos, administrativos y auxiliares administrativos, para el desempeño de sus servicios profesionales en la Dirección General de Justicia. El coste total anual es de más de 320.000 euros.

Esta cuantía forma parte de los 1,7 millones de euros que el Gobierno de Aragón destinará para reforzar los servicios de la administración de justicia en todo el territorio aragonés, tanto para las nuevas Agrupaciones de Oficinas de Justicia en los Municipios como para la propia Oficina Judicial. Con estas partidas, el Gobierno autonómico contribuye a la vertebración del territorio y a luchar contra la despoblación mediante el acercamiento de los servicios públicos a la ciudadanía en todo el territorio.

Los primeros 13 Tribunales de Instancia

Los primeros trece Tribunales de Instancia que ya se han constituido en Aragón son los correspondientes a los Partidos Judiciales de Barbastro, Boltaña, Fraga, Jaca, Monzón, Alcañiz, Calamocha, Calatayud, Caspe, Daroca, Ejea de los Caballeros, La Almunia de Doña Godina y Tarazona. Es decir, todos los de Aragón, con la excepción de las tres capitales de provincia, cuyo plazo para convertirse en Tribunales de Instancia es el 31 de diciembre.

A todos ellos dará soporte y apoyo la Oficina Judicial. Como fija el Estatuto de Autonomía, corresponde al Gobierno de Aragón la organización, dotación y gestión de los órganos y servicios de apoyo a los órganos jurisdiccionales.