Luz verde al recurso del Gobierno de Aragón contra el Real Decreto de universidades y centros universitarios

Autorizado en Consejo de Gobierno el ejercicio de acciones judiciales contra el Real Decreto 905/2025 de 7 octubre, por el que se modifica la normativa reguladora de la creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios.

El Gobierno de Aragón interpondrá ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra las modificaciones del Real Decreto, aprobadas por el Gobierno central, al considerar que genera inseguridad jurídica, invade las competencias de las comunidades autónomas y perjudica a territorios como Aragón, en favor de otros.

Desde el Ejecutivo autonómico consideran que el cambio sustancial de los requisitos del Real Decreto nada tienen que ver con la calidad de la enseñanza argumentada por el Gobierno central, sino en constituir límites arbitrarios a la creación y reconocimiento de nuevas universidades. Unas modificaciones que nos dejan en situación de inseguridad jurídica.

En ese sentido, el cambio de los requisitos, como el hecho de superar los 4.500 alumnos, perjudica directamente a Aragón en favor de otros territorios. Además, invade las competencias autonómicas en materia de universidades ya que, por ejemplo, las universidades on line pasan a ser de competencia estatal. Hasta ahora el proceso de autorización de las universidades privadas presenciales y virtuales era competencia de las comunidades autónomas.

Y para las universidades presenciales, a pesar de que, como novedad, en el nuevo Real Decreto se va a exigir un informe preceptivo y vinculante de la agencia de calidad universitaria de cada comunidad (en Aragón se acomete esa tarea a través de ACPUA), invaden nuevamente las competencias autonómicas porque imponen desde el Gobierno central a algunos de los miembros de la comisión evaluadora de la agencia autonómica.

Esta modificación normativa cambia procedimientos sin ofrecer un periodo transitorio a los tres proyectos que desde la Dirección General de Universidades se enviaron al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades antes de la entrada en vigor del nuevo Real Decreto. Por esa razón, los 3 proyectos interesados en instalarse en Aragón tendrán que empezar desde cero, es decir, volver a la casilla de salida para poder cumplir con el nuevo procedimiento y los nuevos requisitos.