Mar Vaquero: “No hay ninguna quita de la deuda autonómica, sino una trampa, por la que cada aragonés acabará debiendo más”

El Gobierno de Aragón presentará alegaciones al anteproyecto de la “falsa condonación de la deuda autonómica” que ha elaborado el Gobierno central, por considerarla “discrecional, arbitraria e injusta, y que no resuelve la infrafinanciación de Aragón”, ha informado la vicepresidenta y portavoz, Mar Vaquero.

Para la vicepresidenta, se trata de “una mera trampa, por la que cada aragonés acabará debiendo 253 euros más”, ha señalado. El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del documento remitido al Ministerio de Hacienda en el trámite de audiencia e información pública. En ese documento, se recuerda que “la medida de la quita no es tal, sino que redistribuye cargas entre territorios de manera desigual y perjudicial para Aragón”. Vaquero ha recordado que los recursos liberados por la supuesta quita “no se podría destinar a reforzar la educación, la sanidad o los servicios sociales, tal como señaló la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal”.

En el escrito, el Ejecutivo autonómico señala que “la iniciativa del Gobierno central no responde a la necesidad real de las comunidades, que pasa por una reforma integral del sistema de financiación autonómica”. Además, según el Gobierno de Aragón, vulnera principios constitucionales como la igualdad, la solidaridad interterritorial y la estabilidad presupuestaria.

Dos mil plazas en centros residenciales para personas mayores

Durante su comparecencia, Mar Vaquero también ha informado de la autorización al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) para la licitación y ejecución de un nuevo Acuerdo Marco destinado a la contratación de plazas en centros residenciales para personas mayores en situación de dependencia.

Tal y como ha explicado la vicepresidenta, este acuerdo supone una inversión total de 71.340.000 euros, con cargo a los ejercicios 2026 y 2027, distribuidos en dos anualidades de 35,67 millones de euros cada una. El contrato tendrá una vigencia inicial de dos años, a partir del 1 de enero de 2026, y contempla la posibilidad de prórroga por un ejercicio adicional.

La iniciativa permitirá disponer de 2.000 plazas residenciales en la Comunidad Aragonesa (93 más que con el actual Acuerdo Marco), de las cuales 515 estarán en Huesca, 350 en Teruel y 1.135 en Zaragoza, tanto en centros de titularidad pública como en entidades privadas acreditadas. El precio fijado por plaza con el nuevo Acuerdo Marco asciende a 75 euros al día, frente a los 65,40 euros fijados en la actual normativa, lo que supone un aumento de un 14,68% entre sendos convenios.

Ley de Energía

La vicepresidenta ha dado a conocer los detalles del acuerdo alcanzado entre los gobiernos español y aragonés con respecto a la Ley de Energía, que fue aprobada por las Cortes de Aragón el pasado mes de diciembre de 2024. Un pacto que se ha centrado en 16 de los 24 preceptos que fueron cuestionados por el Ejecutivo central.

El acuerdo ha sido el resultado de numerosas reuniones entre ambos Ejecutivos en los últimos meses y que ha evidenciado que no hemos podido alcanzar un acuerdo en los artículos 4, 11, 58, 59, 60, 61, 62 y la disposición adicional tercera. Las principales discrepancias se centran en las líneas directas destinadas al autoconsumo colectivo, hibridación y zonificación.

Criterios objetivos sobre los menores no acompañados

Otro de los acuerdos aprobados en el Consejo de Gobierno pone el foco en los criterios que ha aplicado el Ministerio de Infancia para el reparto de menores no acompañados. Sobre ello, Mar Vaquero ha indicado que el Gobierno de Aragón ha requerido al Ejecutivo central que explique los criterios que determinan el destino de dichos menores.

Al respecto, ha cuestionado la “falta de claridad y motivación” por parte de la Administración General del Estado para establecer esos criterios objetivos. Así, el requerimiento insta al Ministerio de Infancia y Juventud a explicar con detalle la interpretación y posterior aplicación de los criterios de ubicación, toda vez que Aragón ha sostenido durante meses que estos traslados obligatorios, en los términos planteados, entran en conflicto con sus competencias en materia de asistencia social y protección de menores.

En paralelo, Aragón ha ido presentando las alegaciones correspondientes a cada uno de los expedientes que ha recibido en las últimas fechas y que forman parte del reparto previsto por el Estado respecto al que el Gobierno autonómico sigue desconociendo el número total, los plazos o la fecha de llegada. Cabe recordar que la Comunidad Autónoma de Aragón ha presentado varios recursos a la normativa estatal relativa a la reubicación de menores extranjeros no acompañados, tanto en el ámbito contencioso–administrativo como ante el Tribunal Constitucional.

Otros asuntos

El Consejo de Gobierno ha aprobado el II Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad de Aragón 2025-2028, un instrumento diseñado para coordinar las políticas y medidas dirigidas a garantizar la igualdad de oportunidades y la plena inclusión social de las personas con discapacidad, exceptuando el ámbito laboral, que se regula a través del Plan de Empleo correspondiente. Se compone de un total de 174 actuaciones organizadas en 4 líneas estratégicas y 2 planes específicos: el Plan de Empleo de las Personas con Discapacidad y el Plan de Acción Integral para Mujeres con Discapacidad.

En materia de carreteras, se ha tomado conocimiento de la inversión de 2,8 millones de euros para la construcción de un nuevo puente en el vial A-2306 a su paso por Azuara, tras las tormentas del pasado 13 de junio que provocó la crecida violenta de los ríos Aguasvivas y Cámaras, que se llevó la anterior estructura.

También se ha tomado conocimiento de la declaración de emergencia de las actuaciones de restauración de los daños causados en la iglesia del Real Monasterio de San Victorián, ubicado en El Pueyo de Araguás (Sobrarbe), como consecuencia de la tormenta del pasado 12 de agosto. El presupuesto estimado de las intervenciones, que ya han comenzado, asciende a un total de 108.474,04 euros, IVA incluido.

Y, en última instancia, se ha aprobado el anteproyecto de Ley reguladora del Instituto Tecnológico de Aragón, que tiene el objetivo de actualizar y modernizar el marco jurídico vigente desde el año 2000. En él se reconoce al ITA como organismo de investigación y centro tecnológico de carácter público. Además, se incluyen nuevos fines con los que se refuerza la misión del ITA entorno a la generación de conocimiento tecnológico en beneficio de la sociedad, de las empresas y de las administraciones públicas.