Visto bueno al proyecto de ley de promoción de iniciativas económicas

El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de promoción de iniciativas económicas (APIE). El texto, que llega a las Cortes de Aragón, trata de complementar las herramientas hasta ahora disponibles para facilitar la cooperación entre negocios urbanos con acceso para el público. El proyecto tiene dos títulos, cinco capítulos en el segundo de ellos y un total de 34 artículos.

Las APIE serán agrupaciones empresariales de una localidad con unos limites geográficos concretos. Tendrán que ser auspiciadas por un promotor que propondrá unas líneas de actuación complementarias con las de cada ayuntamiento. Para ello, se firmará un convenio donde se concretarás las acciones a realizar en cada zona por la agrupación y por el Consistorio. Los convenios tendrán que ser revisados cada cuatro años.

Entre las atribuciones pueden estar el desarrollo el mantenimiento de la zona, la organización del transporte o aparcamiento o la vigilancia y seguridad. Para llevar a cabo estas opciones las empresas integrantes de la agrupación tendrán que pagar una cuota obligatoria que será recaudada por el Ayuntamiento y cedida a la entidad. Además de ésta, las APIE se financiarán a través de convenios con cada ayuntamiento, aportaciones municipales o beneficios de la actividad desarrollada.

Objetivos

Estas entidades buscan generar un mayor tráfico de clientes mediante la provisión de servicios que la Administración competente no presta o que se pueden complementar, junto con el desarrollo de acciones de promoción comercial, lo cual revierte en una mejora del entorno comercial donde se desarrollan.

La norma exporta un modelo de gestión denominado BID por sus siglas en inglés. Las primeras actuaciones al respecto se produjeron en Canadá, en la ciudad de Toronto, siendo en las décadas posteriores un modelo que fue exportado con éxito tanto a Estados Unidos, como a Alemania.

Los Business Improvement District, han sido definidos como organizaciones dirigidas privadamente y autorizadas públicamente que prestan servicios públicos complementarios dentro de un área geográfica determinada, gracias a la generación de ingresos anuales provenientes del pago de contribuciones de manera obligatoria por parte de los propietarios de los locales o de quienes ejercen actividades en ellos.