El Gobierno de Aragón advierte de que el decreto sobre centros de datos pone en riesgo inversiones estratégicas para la comunidad

El Gobierno de Aragón ha presentado sus alegaciones al proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos. Unas alegaciones que consideran que la redacción de la norma “compromete seriamente el desarrollo de una infraestructura clave para la economía del siglo XXI, la transformación digital, la autonomía tecnológica europea y la competitividad de España”. El documento de alegaciones refleja asimismo el “grave riesgo que corren las inversiones anunciadas en Aragón vinculadas con centros de datos, inversiones que superan los 54.000 millones de euros”.

El documento presentado muestra el compromiso del Ejecutivo aragonés con el “impulso sostenible, seguro y eficiente de los centros de datos”. Sin embargo, desde el Gobierno de la comunidad se considera que los requisitos incorporados en el proyecto de Real Decreto distan mucho de alcanzar el necesario equilibrio entre sostenibilidad y viabilidad económica, técnica y jurídica, lo que podría traducirse en una paralización efectiva tanto de las inversiones en marcha, como de nuevas inversiones, en uno de los sectores estratégicos con mayor potencial de crecimiento para el país y para Aragón y para la garantía de su competitividad futura.

El impacto de esta paralización sería “particularmente elevado en Aragón, dada la magnitud y el número de las inversiones ya en tramitación que se verían paralizadas de aprobarse este proyecto de Real Decreto en la redacción que se presenta a audiencia pública”.

Por ello, en sus alegaciones, el Gobierno de Aragón solicita una revisión integral del texto para evitar que la nueva regulación derive, de facto, en una prohibición de la actividad de todo un sector y que, de esta forma, el texto respete los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica, neutralidad competitiva y adecuación a la realidad tecnológica y energética.

Entre otras cuestiones, el Gobierno de Aragón reclama la revisión de los requisitos energéticos más exigentes que tanto individual, como conjuntamente, constituyen condiciones de imposible cumplimiento; la reconsideración del régimen transitorio previsto en el proyecto de Real Decreto para evitar su retroactividad actual y la ruptura de la seguridad jurídica y la confianza legítima y la revisión del alcance e intensidad de las obligaciones proyectadas para asegurar que se preserva la competitividad de España y de Aragón como destino de inversiones estratégicas vinculadas a la economía digital frente a otros países europeos. El Gobierno de Aragón, además considera necesario un diálogo fluido y coordinación tanto con las comunidades autónomas como con los sectores afectados

España y, en particular, Aragón es actualmente uno de los principales polos europeos de la economía del dato y la regulación debe estar dirigida a aprovechar plenamente la oportunidad industrial, tecnológica y de empleo que representan los centros de datos para Aragón y para el conjunto del país.

Alegaciones presentadas

Las alegaciones presentadas identifican cinco grandes problemas en el proyecto normativo:

1. El Gobierno de Aragón considera que los requisitos energéticos previstos en los artículos 7, 8 y 9 establecen exigencias de extremadamente difícil o imposible cumplimiento con las tecnologías disponibles y con la configuración actual del sistema eléctrico español, resultando en una restricción material cuasi plena al establecimiento y ampliación del sector de centros de datos en España.

En particular, en el documento presentado se cuestionan las exigencias relativas a la cuota renovable superior al 90%, la obligación de cubrir el 80% del consumo mediante generación renovable adicional y la exigencia de correlación horaria, requisitos que individualmente y, aún más en combinación, no constituyen un mecanismo de ordenación de la actividad, sino más bien una barrera efectiva para el desarrollo tanto de centros de datos ya en tramitación como de nuevas instalaciones.

2. Aragón entiende que el proyecto excede el alcance de la habilitación legal existente, al introducir mediante reglamento limitaciones que afectan materialmente al régimen de acceso y conexión a la red eléctrica, cuestión que debería abordarse, en su caso, mediante una norma con rango de ley.

3. Las alegaciones alertan sobre los efectos retroactivos de la norma. El texto proyectado aplicaría nuevas condiciones a permisos ya concedidos y a proyectos en fases avanzadas de desarrollo, alterando sustancialmente el marco regulatorio bajo el que se adoptaron decisiones de inversión de gran relevancia económica y generando incertidumbre jurídica. Ello, además, “incrementa el riesgo de litigiosidad y de posibles reclamaciones patrimoniales contra las administraciones públicas con el consiguiente impacto en las cuentas públicas”.

4. El Gobierno de Aragón considera que, de aprobarse este Real Decreto, España contaría con “un régimen significativamente más restrictivo que el actualmente existente en el ámbito europeo”, lo que supondría tener una posición de desventaja competitiva respecto a otros países europeos y una deslocalización de las inversiones hacia los mismos. En esta línea, el Gobierno de Aragón plantea asimismo que, mientras el marco normativo comunitario continúa evolucionando y otros Estados miembros optan por enfoques más graduales, el proyecto introduce requisitos significativamente más exigentes en España que los existentes en el entorno europeo.

5. El Ejecutivo autonómico cuestiona la Memoria del Análisis de Impacto Normativo que acompaña al proyecto, por no incorporar una evaluación rigurosa de los efectos económicos, sobre la competencia, presupuestarios y territoriales de la regulación propuesta. Las alegaciones subrayan que una norma con capacidad para condicionar inversiones de decenas de miles de millones de euros debería incluir una valoración rigurosa de sus efectos sobre el empleo, la actividad económica, la inversión y la competitividad de los territorios más afectados, entre ellos Aragón.

Infraestructura esencial

Los centros de datos se han convertido en una infraestructura esencial para el desarrollo de la inteligencia artificial, los servicios en la nube, la digitalización empresarial y la modernización de las administraciones públicas. En un contexto en el que Europa busca reforzar su soberanía tecnológica y reducir dependencias externas, la localización de estas inversiones ha pasado a ser un factor determinante para la competitividad de los territorios. El debate no es si Europa necesita disponer de capacidad propia de procesamiento y almacenamiento de datos, sino dónde se localizarán las inversiones que permitirán construir esa capacidad.

España cuenta actualmente con una posición diferencial para atraer este tipo de proyectos, gracias a su elevada disponibilidad de energía renovable, su red de telecomunicaciones, la disponibilidad de suelo y el desarrollo de capacidades tecnológicas e industriales. En sus alegaciones, el Gobierno de Aragón recuerda que diversos análisis sitúan a España entre los países mejor posicionados para convertirse en uno de los grandes polos europeos de la economía digital, si dispone de un marco regulatorio estable, previsible y competitivo.

Dentro de ese contexto, Aragón se ha consolidado como uno de los territorios europeos más atractivos para la implantación de centros de datos, gracias a su liderazgo en energías renovables, su ubicación estratégica, sus infraestructuras y su ecosistema empresarial. La Comunidad concentra actualmente algunos de los mayores proyectos tecnológicos del continente y mantiene en tramitación numerosas iniciativas vinculadas a este sector y a su cadena de valor.