Aragón vuelve a demandar al Ministerio de Educación “diálogo, lealtad y financiación” para planificar las ratios y las plantillas docentes

La modificación del Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de centros del 2º ciclo de Infantil, Primaria y Secundaria, tal y como está planteado, amenaza la viabilidad del sistema educativo aragonés: el impacto económico estimado para Aragón de aplicar los cambios ascendería a más de 583 millones de euros. Así lo ha detallado el Secretario General Técnico del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades, Manuel Magdaleno, en la Conferencia Sectorial de Educación, convocada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes este viernes al mediodía.

La DGA ha defendido una vez más en esta Conferencia Sectorial que el Gobierno de España no puede imponer obligaciones a las CCAA sin aportar una memoria económica que permita hacerlas “posibles y sostenibles” y sin tener en cuenta las valoraciones que se han elevado en este sentido, a pesar de que el Ministerio se había comprometido a ponderarlas.

También ha manifestado que no parece factible asumir ese “nefasto cambio de las reglas del juego” para el curso 2027/28, como prevé el Gobierno de España, y ha indicado que, de continuar con la tramitación y de hacerlo con una negociación real con las CCAA, se pueda plantear la entrada en vigor en el curso 2028/29.

“Si queremos una oferta de plazas de calidad, sostenida con fondos públicos y que realmente responda a las necesidades de la comunidad educativa, tienen que escuchar a las Comunidades Autónomas”, ha remarcado el SGT: “No se puede reducir las ratios y las horas lectivas a espaldas de quienes ostentan las competencias y sostienen el sistema educativo; el Estado debe garantizar una mínima suficiencia financiera”.

En la Conferencia Sectorial la Comunidad Autónoma de Aragón ha votado en contra del Plan Estratégico de Educación Inclusiva porque tampoco se acompaña de la necesaria memoria económica, ofrece una visión residual y muy sesgada del papel de los centros de Educación Especial y además ha obviado las aportaciones y planteamientos que aportó la DGA.

Magdaleno ha indicado que Aragón sí comparte la necesidad de que exista una estrategia de inclusión común, pero ha considerado que la propuesta del Ministerio no tiene en cuenta la realidad de cada territorio –“no es lo que contiene, sino lo que no contiene”, ha apuntado el SGT– y además supondría un aumento excesivo de burocracia. Ha recordado que Aragón ya tiene incorporadas varias medidas de inclusión similares a las que contiene ese plan.

En cuanto al 1er ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años, Manuel Magdaleno ha retomado lo manifestado por la consejera Susín este principio de curso: Aragón no avanzará en la gratuidad de esta etapa hasta que el Estado no establezca su marco legal. Ha vuelto a advertir de que, de aprobarse la regulación del Ministerio en los términos que han trascendido referidos a esta etapa, las CCAA se verían obligadas a planificar e invertir el doble en infraestructuras y equipamientos educativos y a contratar al doble de personal para atender a los pequeños, todo ello con un coste aún por determinar y que se sumaría a los 583 millones ya mencionados.

Sobre el Informe PISA 2025

En el turno de ruegos y preguntas se han abordado, entre otros asuntos, los desastrosos resultados del Informe PISA 2025 y Aragón ha manifestado que no va a renunciar a una educación de calidad, digna y basada en el conocimiento y el esfuerzo, pese a la escasa preocupación que han mostrado desde el Ministerio en torno al declive generalizado del nivel del alumnado . De acuerdo con los datos que se dieron a conocer la semana pasada, la Comunidad Autónoma de Aragón ha experimentado un desplome histórico en las competencias de los alumnos de 15 años, que han caído a mínimos inéditos en la serie estadística.

El Secretario General Técnico del Departamento ha recordado que los alumnos evaluados para esta última edición del informe PISA realizaron las pruebas en la primavera de 2025 y comenzaron 1º de la ESO en el curso 2021/22, bajo los criterios de evaluación y promoción de la LOMLOE, así que han cursado toda la Educación Secundaria Obligatoria bajo ese marco; esto es, con un “currículo ideologizado” y un modelo pedagógico de promoción automática que les ha “arrastrado”, en palabras de Manuel Magdaleno, y en el que se ha posibilitado que se vayan superando etapas sin el nivel exigido.

Cuando el Gobierno de Jorge Azcón entró en el Pignatelli, en agosto de 2023, el colapso sistémico ya estaba en marcha, puesto que las leyes educativas tardan años en consolidar sus efectos, por lo que lo que ha evaluado PISA 2025 ha sido el primer examen real al impacto de la reforma educativa de Pedro Sánchez, tal y como ya ha argumentado la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín. Así, la responsabilidad del actual Ejecutivo comenzó al diagnosticar el desastre y ahora se ha comprometido a actuar de inmediato con medidas de choque para intentar revertirlo, como la anunciada creación del grupo de expertos que reformará el currículo aragonés.