Educación, Ciencia y Universidades

Educación refuerza con tres puestos las plantillas de Inspección y avanza en la digitalización de sus procesos administrativos

La DGA reivindica el papel del cuerpo de inspectores como garantes de la equidad, la calidad del sistema docente y los derechos de la comunidad educativa

Aragón ha consolidado en los últimos años un modelo de inspección moderno, proactivo y centrado en la cultura de evaluación, el acompañamiento de planes de mejora y la detección de buenas prácticas pedagógicas en los centros docentes aragoneses. Ésa es la principal conclusión de la memoria de la Inspección de Educación del curso 2025/26, enmarcada en el Plan General de Actuación 2025/28, y que ha publicado el Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón.

Los 60 inspectores cuyo trabajo se recoge en el documento poseen autonomía técnica en el ejercicio individual de su función supervisora y así se la otorga la legislación; por tanto, el Gobierno de Aragón ha de velar por garantizar la independencia de criterio de todos y cada uno de ellos.

El cuerpo de inspectores se configura como una pieza estratégica y técnica clave para los equipos directivos y los docentes de las tres provincias y una de sus misiones es acompañar a los centros en la implementación de diagnósticos rigurosos, basados en evidencias, para mejorar el día a día del sistema educativo. Entre sus labores están la supervisión de los proyectos curriculares, el monitoreo del bienestar de profesores, alumnado y centros, y también una evaluación de resultados académicos y no académicos.

Durante el curso 2025/26 se llevó a cabo un refuerzo estructural de la Inspección de Educación que continuará en el curso 2026/27, puesto que la Consejería ha ampliado las plantillas de la Inspección Educativa con tres nuevos puestos para este curso 2026/27, dos en Zaragoza y uno en Huesca. Además ha transmitido su compromiso de convocar un proceso selectivo de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación y promover con ello una nueva lista de aspirantes a la provisión temporal.

Una de las áreas de mejora que recoge el documento tiene que ver con la reducción de la burocracia, cuestión demandada por los profesionales. Es una tarea que se va a abordar con medidas como la implementación de aplicativos informáticos integrados para sustituir las hojas de cálculo manuales que se han usado durante años para determinar los cupos del profesorado y la gestión de sustituciones, entre otras tareas.

También se ha actualizado el plan de formación, adaptándolo al Real Decreto 68/2026, de 4 de febrero, con un enfoque eminentemente práctico que incorpora la formación para el uso de la Inteligencia Artificial y el uso de herramientas colaborativas M365, todo ello con el objetivo de optimizar el servicio público.

Actuaciones en Huesca, Zaragoza y Teruel

La memoria de la Inspección de Educación del curso 2025/26 recoge un balance completo y pormenorizado de la actividad de estos equipos. Así, en la provincia de Huesca hay una plantilla funcional de 12 inspectores que han realizado más de 670 visitas presenciales a los centros educativos durante el curso pasado. Es el equivalente a un promedio aproximado de 6 visitas por centro; es decir, unas dos visitas semanales por inspector.

En el caso de la provincia de Zaragoza, la plantilla se compone de 38 inspectores que se dividen en 5 distritos organizativos. Se ha proyectado un incremento sostenido que elevará la plantilla funcional en el caso de Zaragoza a 42 puestos en el curso 2027/28 y a 43 en el curso 2028/29. La Inspección de Zaragoza, que es la que más volumen de centros supervisa, acometió planes de mejora en 25 centros de la provincia y supervisó 55 centros privados que imparten Formación Profesional Dual Intensiva y que abarcan un total de 437 ciclos formativos de Grados D y E. Además también evaluó de manera presencial a 535 funcionarios en prácticas y emitió 531 informes que actúan como garantía del rigor en el acceso docente.

En Teruel, en un contexto de especial dispersión geográfica, la Inspección ha completado este curso pasado 617 visitas presenciales a centros educativos de todas las comarcas. Con 10 inspectores en plantilla, han realizado el seguimiento intensivo en una muestra de 9 centros (3 CRA, 3 CEIP y 3 IES) y destacan en la memoria de 2025/26 un incremento notable del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE), que ha pasado en un curso de 1.411 a 1.689 alumnos, 278 estudiantes más.

Sobre la labor del cuerpo de Inspección

Respecto a la actividad disciplinaria docente, también reflejada en la memoria de 2025/26, presenta un carácter residual y subsidiario: estos procedimientos sólo se activan ante incumplimientos de los deberes docentes que ponen en riesgo el normal funcionamiento de las aulas o que vulneran los derechos fundamentales de los menores.

En total, en Aragón se propusieron en el curso 2025/26 23 expedientes, de los que se incoaron finalmente 18 –10 en Zaragoza, 4 en Huesca y 4 en Teruel– y se plantearon 26 apercibimientos, de los que finalmente se realizaron 15; 13 en Huesca y 2 en Zaragoza. Como ejemplo, en el caso de la provincia de Huesca, las acciones disciplinarias afectaron el curso pasado al 0,41% de la plantilla docente, el equivalente a 1 de cada 245 profesionales, sobre una plantilla de más de 4.600 docentes en la provincia.

La actividad disciplinaria docente distingue varios tipos de sanciones según la gravedad de la falta imputada: el apercibimiento corresponde a las faltas leves, como un descuido o negligencia en el ejercicio de las funciones, una incorrección leve con compañeros o público, o incumplimientos de horario que no constituyan falta grave. En la práctica, los apercibimientos representan la gran mayoría de las actuaciones y no requieren la incoación de un expediente disciplinario.

El Departamento de Educación quiere manifestar su firme respaldo al desempeño del cuerpo de inspectores, puesto que la Dirección de la Inspección Educativa constituye uno de los pilares que aseguran la equidad del sistema educativo, su calidad y el estricto cumplimiento del derecho a la educación de todo el alumnado aragonés, con independencia de su contexto geográfico o su condición social.