Tomasa Hernández defiende la gratuidad de la educación infantil 0-3 como “una medida social de primer orden”

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha defendido hoy en las Cortes de Aragón que la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil es “una medida social de primer orden”, con un impacto directo en la conciliación familiar y laboral, en la reducción de desigualdades y en el acceso universal a la educación temprana sin barreras económicas. “Educar en igualdad desde la primera infancia es la mejor garantía de futuro para Aragón”, ha señalado.

La consejera ha explicado que para poner en marcha esta gratuidad es imprescindible contar con toda la red existente –pública, concertada y privada-, tal y como hacen por otra parte todas las comunidades autónomas. El objetivo, según ha dicho, es “universalizar cuanto antes el derecho de las familias a acceder a una educación de calidad en los primeros años de vida de sus hijos”.

En este sentido, Hernández ha recordado que se reunió ya en enero pasado con la ministra de Educación, Pilar Alegría, para solicitar la cofinanciación por parte del Gobierno central de esta etapa educativa y ha lamentado que todavía hoy no haya habido respuesta alguna.

Hernández ha señalado que el sistema educativo aragonés se sustenta sobre un modelo mixto de centros sostenidos con fondos públicos, y que la convivencia entre redes es una realidad consolidada desde hace décadas. En este sentido, ha destacado que el concierto del segundo ciclo de Infantil (3-6 años) fue impulsado por el PSOE, y que desde entonces ha convivido con la red pública “con total normalidad en la sociedad aragonesa”.

La consejera ha insistido en que el Gobierno de Aragón quiere “sumar, no restar”. “No se trata de favorecer a una red frente a otra, sino de garantizar que todos los niños y niñas tengan acceso a una educación de calidad desde sus primeros años de vida, independientemente de su origen socioeconómico o del tipo de centro elegido por sus familias”.

“Para lograrlo debemos contar con todos los recursos disponibles. Y lo hacemos con transparencia”, ha insistido Hernández, después de recordar que el Gobierno del presidente Azcón cuenta con “una inversión histórica en educación, que destina el 84% de los recursos a la escuela pública, mejora las condiciones laborales de los docentes y refuerza la inclusión educativa”.

Despliegue del modelo

Durante su intervención, Hernández ha detallado cómo se desplegará el modelo previsto para financiar la gratuidad de las aulas de 2-3 años, vinculado a la aprobación de los presupuestos de la Comunidad para 2026.

La financiación cubrirá cinco horas diarias de actividad educativa, durante los 10 meses del curso, y supondrá un coste anual de 13,2 millones de euros, que se suman a los 17,7 millones ya destinados por el Departamento en este ámbito. Y es que Aragón dispone este curso de 77 aulas de escolarización anticipada, que dan servicio a 746 alumnos; once escuelas infantiles propias, que atienden a 826 niños y niñas, así como 167 escuelas conveniadas con administraciones locales por todo el territorio.

La consejera ha estimado que este primer paso en la gratuidad beneficiará a unos 8.500 alumnos potenciales. La previsión, según ha adelantado, es financiar con cerca de 40.000 euros por aula completa de alumnos de 2-3 años que tengan entre 15 y 18 matriculados; y con cerca de 35.000 euros aquellas aulas que tengan entre 10 y 14.

Las aulas que no alcancen los diez alumnos como mínimo, no tendrán acceso a la financiación del Ejecutivo autonómico en este primer paso que se daría con las cuentas de 2026, si bien en el medio rural se flexibilizará este requisito.

En cuanto a las escuelas conveniadas con entidades locales, las aulas que solo tengan alumnos de 2-3 años se financiarán con 22.000 euros por aula y curso, dado que ya reciben financiación del Gobierno de Aragón mediante los convenios firmados.

En las aulas mixtas donde haya alumnos entre 0 a 3 años, en el despliegue se completará su financiación con 150 euros por alumno de 2 a 3 años y por los 10 meses del curso escolar.

A aquellas guarderías que solo tienen licencia de apertura municipal, se les dará una moratoria de tres años para que se adapten a los requisitos educativos marcados por el Gobierno de Aragón para los centros de educación infantil.

La gratuidad del 0-3 años se enmarca en la apuesta del Ejecutivo aragonés por la equidad educativa, la conciliación y el impulso económico y social de la Comunidad, reforzando la inclusión y apoyando especialmente a las familias más vulnerables.