El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón resuelve 47 recursos en su primer año de funcionamiento

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón ha resuelto 47 recursos en su primer año de funcionamiento. Así se indica en la memoria presentada en la sede del Gobierno de Aragón en un acto presidido por el consejero de Hacienda y Administración Pública del Ejecutivo autónomo, José Luis Saz. La memoria, que ha sido dada a conocer por el presidente del Tribunal, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza José María Gimeno, detalla la actividad de este órgano desde su creación mediante la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón. El Tribunal, adscrito orgánicamente al Departamento competente en materia de contratación pública –en estos momentos el de Hacienda y Administración Pública- goza de plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias. Le corresponde conocer y resolver los recursos especiales y cuestiones de nulidad en materia de contratación que se interpongan en el ámbito de los procedimientos de contratación promovidos por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón  y los organismos públicos dependientes de ella, la Universidad de Zaragoza, las entidades locales y sus entes dependientes, así como quienes celebren contratos subvencionados sujetos a regulación armonizada. Su referente en el ámbito estatal es el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que funciona desde octubre de 2010. Como refiere la memoria, el Tribunal ha resuelto 47 recursos relacionados con la contratación pública desde su puesta en marcha y hasta el 29 de febrero de 2012. En 12 de ellos el órgano de contratación era algún Departamento del Gobierno de Aragón, mientras que 9 han correspondido a los sectores del Salud, 8 a Ayuntamientos, 3 a Diputaciones Provinciales, 3 a la Universidad de Zaragoza y los 12 restantes a otros poderes adjudicadores. La mayor parte de los recursos (55,3%) se refería a la adjudicación de los contratos, mientras que los actos de trámite motivaban un 23,4% y los pliegos de los contratos el 21,2%. Destaca la celeridad que ha tenido este órgano compuesto por un presidente y dos vocales –no tiene personal propio y cuenta con el apoyo técnico y administrativo del personal del Servicio de Contratación Administrativa de la Dirección General de Contratación, Patrimonio y Organización- a la hora de resolver estos recursos. La legislación establece plazos muy breves para dictar resolución en los recursos que regula. Varían en función del acto impugnado y de los trámites del procedimiento, pero deberían oscilar entre los 15 y los 20 días hábiles. Pues bien, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón ha resuelto el 88% de los recursos antes mencionados dentro de los plazos legales. En el 12% restante las demoras no han superado en ningún caso los tres días. En general, la creación de este Tribunal ha supuesto un notable avance en la consecución de un efectivo control de la contratación pública que, además de garantizar el derecho a la tutela en estas cuestiones, permita una gestión más eficiente de los fondos públicos. Su actividad, caracterizada por el cumplimiento de los plazos y la publicidad de todos sus acuerdos –pueden consultarse en la web del Gobierno de Aragón www.aragon.es donde el Tribunal tiene su sede electrónica-  en este primer año supone un control sobre el 25% de los contratos de regulación armonizada celebrados hasta la fecha, con un porcentaje de estimación de recursos cercano al 50%. Su doctrina, además, será de obligado cumplimiento para toda licitación pública. En opinión del consejero de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz, “la contratación del sector público es una materia muy sensible, de ahí la importancia de este Tribunal que tiene la encomienda legal de vigilar el proceso de licitación en sus distintas fases”. Por su parte, el presidente del Tribunal, José María Gimeno, ha insistido en la rapidez de este órgano “que resuelve en 15 días cuando el contencioso administrativo por la vía ordinaria puede tardar dos años y además conlleva costes que aquí no se dan” y en su independencia, “como demuestra el hecho de que alguna empresa recurrente haya ganado después una licitación o lo bien que encaja la propia Administración las resoluciones cuando le obligan incluso a modificar un contrato”. Acuerdo de cooperación con el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas de Panamá Además de para presentar la memoria, el acto celebrado en la sede del Gobierno de Aragón ha servido para que el presidente del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, José María Gimeno, firmara un acuerdo de cooperación con el magistrado presidente del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas de la República de Panamá, Manuel Cupas. El convenio tiene por objeto estimular la colaboración entre ambos órganos en áreas como la formación, investigación y publicaciones. Servirá entre otras cosas para que los funcionarios del Tribunal panameño puedan realizar prácticas en el aragonés, para promover publicaciones conjuntas y actividades coordinadas como cursos de especialización en los que puedan participar funcionarios de ambos países  y para intercambiar información documental de interés. Una comisión mixta promoverá y velará por el cumplimiento de las acciones comprendidas en este acuerdo, que tiene una duración de cuatro años prorrogables por periodos de igual duración. El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas de la República de Panamá es una entidad pública independiente con jurisdicción en todo el territorio nacional  que funciona desde el año 2006. Tras el acto de firma su presidente, Manuel Cupas, ha indicado que “es importante que los especialistas en contratación pública de ambos países puedan ampliar su formación, porque al final esto redundará en beneficio de los ciudadanos”.