Biendicho desmonta el relato del Ministerio sobre las VUT y reclama seguridad jurídica frente a la okupación

El consejero de Medio Ambiente y Turismo en el Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, ha respondido a la carta remitida por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, para defender las competencias exclusivas de Aragón en materia de viviendas de uso turístico y rechazar que este sector se utilice como chivo expiatorio de la crisis de vivienda.

Biendicho ha recordado que el Tribunal Supremo ha confirmado que la ordenación, control e inspección de los alojamientos turísticos corresponde a las comunidades autónomas. “El Gobierno de España no puede invadir competencias autonómicas y, después de que los tribunales hayan corregido esa extralimitación, pretender dar lecciones de responsabilidad a Aragón”, ha señalado el titular del ramo.

El consejero ha rechazado que el Gobierno de España pretenda calificar como ilegales viviendas de uso turístico a partir de información procedente del Registro de la Propiedad. “El Registro de la Propiedad tiene la función de dar seguridad jurídica al tráfico inmobiliario; no es un registro administrativo ni un órgano de inspección. Sus datos no acreditan por sí solos una infracción ni permiten sustituir la comprobación individual que corresponde realizar a la Comunidad Autónoma”, ha afirmado.

La Administración turística aragonesa ha tramitado más de mil declaraciones responsables y ha realizado más de cuatrocientas actuaciones previas de comprobación, derivadas de denuncias, actuaciones de oficio o comunicaciones de otras administraciones. Estas actuaciones han permitido impedir el ejercicio de la actividad en numerosos casos por incumplimiento de los requisitos exigidos e incoar los correspondientes procedimientos sancionadores.

Biendicho ha criticado que el Ministerio pretenda desplazar hacia la gestión de la actividad turística de un problema que responde, principalmente, a la falta de oferta residencial, la escasez de suelo, la burocracia, los elevados costes de construcción y la inseguridad jurídica que padecen propietarios e inversores.

“La solución no pasa por perseguir a quienes cumplen la ley ni por restringir la libertad económica. Pasa por construir más vivienda, movilizar suelo, reducir trabas burocráticas y recuperar la seguridad jurídica”, ha defendido el consejero.

DEFENSA CONTRA LA OKUPACIÓN ILEGAL

En este sentido, Biendicho ha reclamado una defensa firme de la propiedad privada frente a la okupación ilegal. “No habrá más vivienda disponible mientras se castigue al propietario cumplidor, se genere inseguridad jurídica y no se actúe con determinación contra quienes ocupan ilegalmente una vivienda ajena”, ha advertido.

El Gobierno de Aragón ha reiterado que seguirá ejerciendo sus competencias en materia turística con rigor, controlando y sancionando los incumplimientos, pero sin demonizar una actividad legal que genera empleo, riqueza y oportunidades para miles de familias, especialmente en el medio rural.

“Defendemos un modelo basado en el cumplimiento de la ley, la libertad económica, la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada. Exigimos al Gobierno de España la misma lealtad institucional que reclama a los demás”, ha concluido Luis Biendicho.