Aragón alcanza un acuerdo transversal "por la plenitud de derechos" para las personas con discapacidad

El Presidente de Aragón, Jorge Azcón, y la presidenta del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en Aragón –CERMI Aragón–, Marta Valencia, han firmado este lunes el acuerdo entre el Gobierno de Aragón y CERMI para el desarrollo de la Ley 5/2019, de 21 de marzo, de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón.

"Queremos garantizar que todos los aragoneses que conviven con la discapacidad puedan acceder mejor y más rápido a los servicios y apoyos que necesitan", ha declarado Jorge Azcón tras la firma del documento, un acuerdo que va "marcar la diferencia" en el día a día de quienes trabajan por la discapacidad.

"Hoy damos un paso juntos para promover la plenitud de derechos, la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la emancipación social y la mejora de las condiciones de vida de quienes conviven con la discapacidad", ha asegurado el Presidente, que se ha referido a esta firma como la expresión de "los hechos, las decisiones y las políticas que de verdad impactan en la calidad de vida de todas las personas con capacidades diferentes".

Ante los representantes de las entidades con las que se ha firmado el convenio, Azcón ha asegurado que lo acordado va a permitir "alumbrar iniciativas transversales para poder dar las mejores respuestas a la discapacidad" gracias a la implicación de los Departamentos de Presidencia, Hacienda, Economía y Empleo, Educación, Sanidad y Bienestar Social y Familia, que "van a tener durante esta legislatura una sensibilidad especial en este sentido", ha declarado el Presidente, "y no con meros gestos, sino con recursos y con presupuesto"; no en vano, recordaba, el presupuesto de Aragón en 2024 va a ser "el más social de la historia de la Comunidad, con una inversión récord en políticas sociales que asciende a 4.841 millones de euros".

Tal y como ha detallado en su intervención, a lo largo de 2024 el Instituto Aragonés de Servicios Sociales va a invertir 90 millones para atender la discapacidad, una cifra que alcanza los 150 millones si se incluye lo destinado a dependencia y que se suma al esfuerzo presupuestario de otras Consejerías para impulsar la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.

"El Departamento de Educación va a destinar 12 millones de euros para contratar auxiliares, enfermeros y profesional sanitario especializado para prestar servicio en los centros educativos; son 6 millones más que en 2023", ha ejemplificado Jorge Azcón. En materia de inclusión laboral, Aragón cuenta con 71 Centros Especiales de Empleo, que ocupan a más de 3.200 personas; sobre ellos, el Presidente ha asegurado que el Ejecutivo va a seguir apostando por ellos con una inversión que en 2024 superará los 22 millones de euros.

Azcón se ha referido a una iniciativa de la Consejería de Sanidad que se va a implementar a corto plazo: los sistemas de comunicación alternativa para pacientes que no pueden comunicarse de forma oral ni escrita. Se trata de unos lectores oculares basados en inteligencia artificial que facilitarán la necesaria comunicación médico-paciente y que supondrán una inversión de 670.000 euros por parte del Salud.

"Todo esto es el reflejo presupuestario de las respuestas que estamos dando como Gobierno de Aragón a las necesidades que nos transmitís", ha declarado Azcón dirigiéndose a las entidades de CERMI, a quienes ha definido como "aliado imprescindible para hacer posible que el día a día de miles de aragoneses sea más digno y justo". 

"Juntos vamos a hacer que la sociedad aragonesa avance en la igualdad de derechos y que todos los ciudadanos compartan las mismas oportunidades, independientemente de dónde vivan y de cuáles sean sus capacidades", ha concluido el Presidente.

Han suscrito el acuerdo con su firma Jorge Azcón en nombre del Gobierno de Aragón; Marta Valencia, presidenta de CERMI, en representación de las personas con discapacidad; Santiago Villanueva, de Plena Inclusión, en representación de la discapacidad intelectual; Concepción López, de la Federación Salud Mental Aragón, y Alfonso Cerdán, de Fórum de Entidades por la Salud Mental en representación de la discapacidad por enfermedad mental; José Luis Catalán, de ONCE, en representación de la discapacidad visual; Jesús Laiglesia, de Agrupación de Personas Sordas en Aragón (ASZA), y María Ángeles López, de la Federación Aragonesa de Asociaciones de Padres Afectados y Amigos de los Sordos, en representación de la discapacidad auditiva; Enric Soley, de COCEMFE, en representación de la discapacidad física y orgánica, y Consuelo Ciria, en representación de las personas con parálisis cerebral, Federación ASPACE Aragón. 

El acto, al que han asistido la consejera de Presidencia, Tomasa Hernández; la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, y el gerente del IASS, Ángel Val, entre otros, ha incluido la lectura conjunta del manifiesto por el Día internacional de las personas con discapacidad, celebrado el 3 de diciembre, por varios miembros de entidades aragonesas, quienes pueden contar desde este lunes con un acceso directo abierto a todos los ciudadanos para realizar la solicitud de valoración del grado de discapacidad a través de la web del Gobierno de Aragón.

Un acuerdo para mejorar la vida de las personas con discapacidad

El documento, firmado en la Sala de Columnas del Edificio Pignatelli, contiene los fundamentos para desarrollar las políticas públicas que involucran a la discapacidad de forma transversal y multidisciplinar con el impulso del Gobierno presidido por Jorge Azcón y con las aportaciones de las entidades que componen CERMI Aragón durante la presente legislatura.

Incluye los siguientes apartados:

El acuerdo tiene como objetivo articular y vertebrar las respuestas que el Gobierno ha de proporcionar con su acción política para proteger y defender los derechos e intereses de los aragoneses con discapacidad, sus familias y las entidades sociales, representadas por CERMI como interlocutor y referente del colectivo.

En definitiva, el acuerdo entre el Gobierno y CERMI puede definirse como una hoja de ruta que permitirá a la sociedad aragonesa avanzar en la igualdad de derechos y oportunidades, vivan donde vivan, de todos sus miembros.