Vicepresidencia primera de Desregulación, Bienestar y Familia
El Gobierno de Aragón, por decisión del vicepresidente Nolasco, solicitará pruebas forenses de edad a todos los menas que lleguen, ante los casos de fraude detectados
El Gobierno de Pedro Sánchez envió a Aragón a un supuesto niño de 13 años que tiene en realidad 20 tras la investigación realizada por el Ejecutivo regional
El Gobierno de Aragón, por decisión del vicepresidente Alejandro Nolasco, solicitará pruebas forenses de edad a todos los menores extranjeros no acompañados (menas) que sean enviados forzosamente a Aragón por el Gobierno de España. La decisión la ha adoptado ante los casos de fraude que se han detectado. Uno de ellos hace escasos días.
Bajo amenaza de responsabilidad penal contra las autoridades autonómicas, el Gobierno de Pedro Sánchez obligó al Gobierno de Aragón a acoger a un supuesto “niño” de 13 años. Tras ser acogido forzosamente por el Ejecutivo autonómico, los servicios de la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia instaron a realizarle una prueba biológica de edad. El Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) ha determinado que no tenía 13 años sino que ronda los 20.
Este falso mena llegó a Aragón desde Mauritania, tras ser enviado por el Estado desde Canarias. Los servicios sociales del Gobierno aragonés detectaron múltiples indicios de fraude en el expediente remitido por el Estado. Así, este supuesto mena tenía un aspecto físico muy distinto al de un niño de 13 años, el Gobierno central se había limitado a dar por buena la fecha de nacimiento que había declarado este inmigrante, 13 años, pero al mismo tiempo esta persona decía que tenía dos hijos en su país.
Tras constatarse que se trataba de otro caso de falso mena, la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, que dirige el vicepresidente aragonés Alejandro Nolasco, lo notificó a la Delegación del Gobierno. El pasado 25 de mayo, el Ejecutivo aragonés expulsó del centro de acogida a este falso mena, que quedó libremente en España pese a que el caso se le notificó a la Policía, a la espera de que la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior actuaran como responsables de Extranjería.
Para cuando fue expulsado, nada más recibir el Gobierno aragonés la confirmación del IMLA de que este inmigrante es mayor de edad, el falso mena ya llevaba casi tres meses en el centro de acogida de Aragón y “su residencia fraudulenta como menor le ha costado a los aragoneses, a las arcas autonómicas, alrededor de 13.000 euros”, ha informado el vicepresidente Nolasco.
Éste no es un caso aislado. Y, a veces, la falsedad en los datos de edad de los menas afectan gravemente a la atención que se presta a los menores. Así, otro ejemplo ha sido el de una mena que según el Gobierno de España tiene 9 años, mientras que una estimación pediátrica apunta a que en realidad rondaría los 13 años. Por ello, el Ejecutivo aragonés ya ha instado a la realización de una prueba forense de edad.
Los casos de menas que, pese a ser menores, declaran una edad muy inferior a la que tienen realmente es una práctica con la que se garantizan más años de residencia en centros de acogida de menores una vez que cumplen la mayoría de edad.
Es decir, se producen fraudes reiterados que son amparados por la falta de control del Gobierno central, al no realizar pruebas forenses generalizadas para determinar la edad real de los supuestos menas que endosa forzosamente a comunidades autónomas como Aragón. Ese fraude, como se ha apuntado, se sustancia de dos formas: menas que en realidad son mayores de edad; o menas que, siendo todavía menores, declaran una edad muy inferior a la real para prolongar fraudulentamente su estancia en centros de acogida pagados por los contribuyentes españoles.
Ante esta situación, el vicepresidente Alejandro Nolasco ha dado una instrucción interna por la que los servicios de la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia pasan a implantar como nuevo protocolo de actuación, desde este mismo momento, la realización de pruebas forenses de edad a todos los menas que el Estado obliga a Aragón a acoger a la fuerza. Hay que tener en cuenta que apenas el 20% de los menas enviados por el Estado a Aragón llegan con el certificado biológico que acredita fehacientemente su edad.
Nolasco: “El Gobierno de Sánchez es cómplice”
“Aragón no va a consentir que el Gobierno de Pedro Sánchez siga siendo cómplice de esta invasión migratoria, amparándola y favoreciéndola con fraude incluido, y ya estamos actuando con todas las herramientas que nos permite la ley. No vamos a asistir de brazos cruzados ante estos casos de falsos menas que, encima, el Gobierno central nos obliga a acoger bajo amenazas y cuyo fraude los ciudadanos acabamos pagando de nuestros bolsillos”, ha subrayado el vicepresidente Nolasco.
Siguiendo el trámite legal establecido, la realización de las pruebas forenses de determinación de edad son solicitadas por el Gobierno de Aragón a la Fiscalía de Menores, que tras aceptarlas las encarga al IMLA, organismo dependiente del Gobierno de Aragón.
“Los casos de falsos menas que detectemos serán notificados de inmediato y los llevaremos a las puertas de dicha Delegación del Gobierno para que se haga cargo de ellos y queden bajo su estricta responsabilidad”, ha anunciado Nolasco.
Alejandro Nolasco ha censurado la inacción de la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior, como responsables de Extranjería: “No puede ser que estos falsos menas, tras haber entrado ilegalmente en España, haber falseado los datos para hacerse pasar por menores y haberse beneficiado de dinero público, acaben campando a sus anchas en nuestro país”.