El Gobierno de Aragón solicita la suspensión cautelar de la tramitación administrativa de la regularización extraordinaria de inmigrantes hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha dado a conocer este viernes las alegaciones presentadas por el Ejecutivo autonómico en relación con la posible contradicción del Real Decreto que regula el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes con el Derecho de la Unión Europea. Con ello, da respuesta a la providencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS), que concedía a las partes un plazo de cinco días para formular alegaciones.

En una comparecencia pública celebrada en la sala de prensa del Edificio Pignatelli, acompañada por el director general de Servicios Jurídicos, Juan Pérez Mas, la vicepresidenta ha anunciado que el Gobierno de Aragón, además de ratificarse en su posición favorable al planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), reiterará su solicitud de suspensión cautelar de la tramitación administrativa del proceso extraordinario de regularización hasta que el tribunal europeo se pronuncie sobre la compatibilidad de la norma con el Derecho de la Unión.

Tal y como se recoge en las alegaciones remitidas al Tribunal Supremo, «cuando la norma cuestionada pueda resultar contraria al Derecho de la Unión Europea, los principios que informan dicho ordenamiento aconsejan especialmente la adopción de la medida cautelar». Asimismo, el escrito señala que, en caso de acordarse la suspensión, «la reversibilidad de la situación es absoluta, dado que las solicitudes permanecerían pendientes de resolución», mientras que «los intereses de los solicitantes únicamente se verían diferidos en el tiempo». En cambio, si continúa la tramitación del proceso de regularización, «el interés público podría verse comprometido, no solo por las cargas económicas y administrativas derivadas de ámbitos como el social, el educativo, el sanitario o la vivienda, sino principalmente por el conflicto jurídico en el que puede verse involucrado el Reino de España en el contexto de la Unión Europea».

Para Mar Vaquero, el Gobierno de Aragón «tiene la obligación de defender los intereses de nuestra comunidad» y, cuando considera que una norma puede afectar a Aragón o suscitar dudas sobre su adecuación a la legalidad, «nuestra obligación es actuar». «Defender Aragón también significa velar por que las decisiones del Gobierno de España se adopten dentro del marco jurídico, porque el respeto a la ley es la mejor garantía para proteger a los ciudadanos y preservar el Estado de derecho», ha afirmado, ya que con este procedimiento de regularización «percibimos un riesgo de conflicto jurídico con la Unión Europea, los Estados miembros y las instituciones comunitarias».

La vicepresidenta también ha subrayado que el cumplimiento de la ley «nunca puede ser una cuestión secundaria». «Estamos viendo en muchas ocasiones cómo la inseguridad jurídica y la falta de respeto al principio de legalidad invaden las decisiones políticas del Gobierno de España», lo que supone «poner en riesgo la democracia, el Estado de derecho, la libertad y la igualdad de todos los españoles».

Asimismo, Mar Vaquero ha recordado que las decisiones que adopta el Gobierno de España «tienen consecuencias para el conjunto de nuestros socios europeos» y que pertenecer a la Unión Europea «nos otorga derechos, pero también nos exige responsabilidades y el cumplimiento de la normativa comunitaria».

Procedimiento

La decisión se enmarca en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón contra el citado Real Decreto, previa autorización del Consejo de Gobierno en su reunión del pasado 22 de abril. En dicho acuerdo se solicitó expresamente la suspensión cautelar de la norma al apreciar, principalmente, una posible incompatibilidad con el Derecho de la Unión Europea.

En el marco del procedimiento se celebró una vista oral ante la Sección Quinta, reunida en Pleno, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en la que los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón expusieron los fundamentos que justifican la solicitud de suspensión cautelar y la conveniencia de acudir al mecanismo prejudicial previsto en el ordenamiento europeo.

La providencia ahora dictada ha concedido audiencia a todas las partes personadas, incluida la Abogacía del Estado, para que se pronuncien sobre la eventual vulneración del Derecho de la Unión Europea por parte del Real Decreto impugnado. Este trámite constituye un requisito previo para que el Tribunal Supremo pueda plantear, en su caso, una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin que ello suponga todavía una decisión definitiva sobre el fondo del asunto.