Mar Vaquero exige conocer los motivos del recorte del 36% de las plazas de nuevos jueces en Aragón por parte del Gobierno central

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha exigido este viernes al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que explique los motivos que han llevado al Gobierno central a reducir en un 36% las plazas de nuevos jueces previstas para Aragón, pasando de las 11 inicialmente contempladas a solo 7.

Así lo ha trasladado durante la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia, celebrada de forma telemática, en la que también ha participado el director general de Justicia del Gobierno de Aragón, José María Recio.

Durante su intervención, Mar Vaquero ha denunciado que este recorte se ha producido "sin conocimiento previo por parte del Gobierno aragonés y contradiciendo las propias previsiones recogidas por el Ministerio en el proyecto de Real Decreto". Asimismo, ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón también ha expresado su "estupefacción y rechazo" ante una decisión que considera injustificada.

"Todas las comunidades conocimos en el proyecto de Real Decreto el número de plazas que se nos asignaban y, finalmente, Aragón ha sido la única comunidad autónoma perjudicada por una reducción de estas características", ha señalado la vicepresidenta.

Vaquero ha subrayado además que "resulta muy llamativo que no se hayan explicado las motivaciones de este cambio". "Se alude a criterios genéricos, exactamente los mismos que sirvieron para asignar inicialmente 11 plazas a Aragón y que ahora, sin ninguna explicación, han llevado a convertirnos en la única comunidad autónoma que sufre un recorte rechazado por todas las instituciones vinculadas a la Administración de Justicia en Aragón", ha afirmado.

Por ello, la vicepresidenta ha reclamado al Ministerio "la máxima transparencia" y ha exigido conocer los criterios específicos que han motivado esta decisión. En este sentido, ha solicitado los informes técnicos que la sustentan, así como la fecha en la que fueron elaborados y las valoraciones en las que se basa el cambio de criterio.

"Tenemos derecho a conocer cuáles son esos criterios objetivos y técnicos. Porque, si no existen o no se pueden acreditar, estaremos ante una decisión basada en razones políticas y no en las necesidades reales de la Administración de Justicia", ha concluido.