Primera sentencia judicial a favor del Gobierno de Aragón contra el traslado a la comunidad de un menor extranjero no acompañado

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta ha estimado el recurso judicial interpuesto por el Gobierno de Aragón, en noviembre de 2025, anulando la resolución de la Delegación del Gobierno de España en Ceuta que ordenaba el traslado y reubicación de un menor extranjero no acompañado a la comunidad autónoma de Aragón.

En rueda de prensa este jueves, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha explicado que esta es la primera sentencia judicial que responde a las reclamaciones formuladas por el Ejecutivo autonómico frente a las decisiones de traslado individualizado de menores extranjeros no acompañados adoptadas por el Gobierno de España a través de las Delegaciones del Gobierno.

La sentencia considera que la resolución impugnada carece de la motivación necesaria al no justificar las razones por las que el menor debía ser trasladado específicamente a Aragón y no a otra comunidad autónoma. Por ello, el Juzgado anula la resolución de la Delegación del Gobierno en Ceuta y ordena retrotraer el procedimiento para que se tramite de nuevo, justificando, en su caso, los motivos que sustenten su traslado a Aragón.

Con esta resolución judicial, que impone las costas procesales a la Administración del Estado, se abre un importante precedente para numerosos procesos judiciales similares que se vienen promoviendo por el Gobierno de Aragón respecto de todas las decisiones de traslado de menores adoptadas por el Gobierno de España.

No obstante, la sentencia dictada por el Juzgado de Ceuta no es firme y cabe contra ella recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, en un plazo de quince días, ha aclarado la vicepresidenta.

Mar Vaquero ha señalado que ya existen otras sentencias en el mismo sentido que han dado la razón a otras comunidades autónomas. “La falta de motivación ha sido el principal motivo que ha llevado a considerar que el traslado se llevó a cabo con criterios arbitrarios, no suficientemente argumentados, dejando a la comunidad autónoma en una situación de indefensión y sin explicar por qué se realizaba el traslado a Aragón y no a otras comunidades”, ha apuntado.

Recurso de inconstitucionalidad

La posición procesal del Ejecutivo aragonés sobre esta cuestión se inició con la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley que modificaba la Ley Orgánica de Extranjería. Dicho Real Decreto-Ley regula y establece un nuevo proceso de redistribución de menores extranjeros no acompañados ante situaciones migratorias extraordinarias, como sucede en Canarias, Ceuta y Melilla.

“Interpusimos el recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley porque no podía modificar una ley orgánica, invadía competencias de las comunidades y ya anticipamos entonces que recurriríamos todas las medidas o acciones que se llevaran a cabo vinculadas a ese Real Decreto-Ley”, ha afirmado la portavoz del Gobierno aragonés.

Posteriormente, se presentaron diversos recursos contencioso-administrativos contra las actuaciones del Gobierno de España en aplicación de dicha norma, denunciando el trato discriminatorio sufrido por Aragón frente a otras comunidades autónomas como País Vasco o Cataluña, a las que apenas se les asignan menores en este proceso de redistribución. Precisamente, es la ausencia de justificación de este trato discriminatorio con otras comunidades autónomas es lo que sustenta esta reciente sentencia judicial.

“Contentar a sus socios”

“El reparto de menores que hace el Gobierno de España falta a los principios de igualdad, de solidaridad, conculca nuestro Estado de Derecho e, incluso, denunciamos xenofobia cuando los criterios de reparto excluían a Cataluña y País Vasco en la llegada de estos menores no acompañados”, ha recordado.

En este mismo sentido, ha advertido de que se elaboró ese Real Decreto-Ley “al dictado de un prófugo de la Justicia, imponiendo una reubicación forzosa de los menores no acompañados”, a quienes el Gobierno de España usa “como moneda de cambio para obtener el apoyo de sus socios independentistas, con una falta de humanidad hacia los menores” y con un trato “discriminatorio” entre comunidades.

“Por ello interpusimos este recurso y esperamos que la Justicia sirva para poner sentido común y hacer respetar el principio de legalidad a un gobierno que demuestra que está dispuesto a tensar todas las costuras de la democracia y del Estado de Derecho con tal de mantenerse en la Moncloa”, ha dicho tajante Vaquero.

Mientras el Gobierno de España “utiliza a los menores no acompañados en situación de vulnerabilidad como una moneda de cambio para contentar a sus socios independentistas”, para el Gobierno de Aragón era y siempre ha sido prioritario el interés superior del menor, “pero para el Gobierno de España siempre han sido prioritario el interés del adulto Pedro Sánchez”, ha sentenciado la vicepresidenta.

“Al lado de la ley”

Por su parte, el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha reiterado que esta sentencia demuestra que el Ejecutivo autonómico se encuentra “al lado de la ley”, mientras que “el Gobierno de Pedro Sánchez actúa al margen de la ley y de forma torticera”. Asimismo, ha trasladado la enhorabuena a los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón “por el trabajo que han realizado y que siguen realizando con enorme rigor en defensa de los intereses de los aragoneses, de la ley, del sentido común y del interés nacional”. “Esta sentencia es una realidad más que desmonta las mentiras y estafas del Gobierno más corrupto de la historia”, ha incidido.

Ha transmitido el rechazo hacia “las políticas que favorecen la inmigración ilegal y desordenada y que hace ricas a las mafias que trafican son seres humanos del tercer mundo”. En esta línea, ha acusado al Gobierno central de “forzar a las comunidades autónomas a recibir forzosamente a los menores extranjeros no acompañados, a menudo falsos menores”, aludiendo a su vez al caso de un varón que alegaba tener 13 años y que tras la realización de las pertinentes pruebas forenses de edad, el Gobierno de Aragón ha detectado que ronda los 20 años, motivo por el cual fue expulsado del centro en el que se encontraba el pasado 25 de mayo y notificado a Delegación de Gobierno.