Aragón ya cumple con el plazo de resolución para valorar la discapacidad: la media es de 143 días

De acuerdo con los datos actualizados del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Aragón ha logrado por primera vez a 1 de enero de 2026 cumplir con la normativa vigente en cuanto al plazo máximo de gestión en discapacidad: la media autonómica para tramitar un expediente se fija en 143 días, por debajo de los 6 meses que establece el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, que regula el marco del reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad a nivel estatal.

El desempeño alcanzado por este indicador refleja una reducción de los tiempos de espera y una mejora en la eficiencia de los centros y equipos de valoración, dos tendencias que se ha mantenido al alza a lo largo de todo 2025. Este hito de gestión coincide con la paulatina disminución de la lista de espera, cifrada en 5.436 solicitudes, con lo que se afianza un nuevo mínimo desde que hay registros. El censo de aragoneses con un grado de discapacidad igual o superior al 33% es de 84.567 personas.

Desde el organismo autónomo señalan que uno de los factores que ha propiciado la agilidad en los procesos de valoración es su digitalización: en el último año el uso de la vía telemática para presentar solicitudes –disponible en este enlace– se ha duplicado y ha pasado de rondar el 25% de las entradas totales a suponer casi el 50%. Gran parte de ese flujo de expedientes han entrado en el sistema a través del punto de grabación presencial ubicado en la sede del IASS, situada en Plaza del Pilar de Zaragoza.

Tras un pico de entradas registradas el pasado octubre, superior a las 1.500, el flujo de expedientes se ha estabilizado en los últimos tres meses en una horquilla que oscila entre 1.200 y 1.400 solicitudes mensuales que el sistema es capaz de absorber y resolver. Esa estabilización de la demanda permite al Instituto planificar de formas más precisa los recursos necesarios para mantener la agilidad administrativa conforme a los plazos legales y ayuda a mejorar la atención a los aragoneses que requieren de su reconocimiento de discapacidad, ya sea en ejercicio de su derecho ex novo o como una actualización del grado que ya tienen homologado.