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Sábado, 5 de octubre de 2024

Dependencia

Aragón recibirá 39,9 millones en 2024 por la financiación del nivel acordado del sistema de dependencia

El cumplimiento de los objetivos de gestión y la reciente aprobación del nivel acordado acredita la recuperación de la inversión que el Ejecutivo de Lambán recortó en 2021

La financiación del sistema público de dependencia corresponde al Estado y a las CCAA
La financiación del sistema público de dependencia corresponde al Estado y a las CCAABanco de imágenes

La financiación del nivel acordado del sistema de la dependencia para todas las CCAA en 2024 –a excepción de País Vasco, Navarra y Ceuta y Melilla– asciende a 783.197.429 euros, cifra idéntica a la correspondiente a 2023 por la prórroga de los Presupuestos Generales de Estado; de ese montante, la Comunidad Autónoma de Aragón recibirá en 2024 39.941.160,63 euros, un 5,0998% del global.

El denominado nivel acordado se determina teniendo en cuenta criterios como el nivel de gasto que ejecuta cada Gobierno autonómico en el ámbito de la dependencia, a cuántas personas atiende el sistema, cuál es el volumen de población potencialmente dependiente de cada Comunidad o si se han reducido las listas de espera, entre otros.

El cumplimiento de los objetivos por parte de Aragón a lo largo de 2023 con una gestión sostenible y eficaz de los recursos de la dependencia ha hecho posible mejorar la financiación del sistema para el ejercicio 2024. Así, Aragón ha mejorado en más de un punto la financiación del nivel acordado para 2024 en comparación al reparto de la cuantía correspondiente a 2023: en el nuevo convenio Aragón recibe ese 5% del total de los recursos a repartir entre las CCAA mientras en 2023 le correspondió un 3,9%.

En el ejercicio 2023 a Aragón le correspondieron 32.081.180,44 euros, un 4,0962% del global, aunque finalmente la Comunidad Autónoma sólo recibió 30.551.925,58 euros, un 3,90% del global como penalización por los recortes llevados a cabo por el Ejecutivo anterior en la financiación de la dependencia desde el ejercicio 2021, coincidiendo con la pandemia de la covid y por el incumplimiento de los objetivos de gestión recogidos el convenio suscrito entre cada Comunidad Autónoma de Aragón y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

En virtud del apartado IV.6 del marco de cooperación interadministrativa de 2023, la distribución inicial de fondos quedaba condicionada a la comprobación del cumplimiento de mantenimiento para 2022 del importe de gasto promediado de los ejercicios 2020 y 2021 –detraídas las aportaciones estatales por los niveles mínimo y acordado– de forma que si el gasto 2022 –una vez restada, de igual manera, la aportación estatal– fuese inferior al promedio de los dos ejercicios señalados, la diferencia se minorará del resultado final de los indicadores de dicho reparto para el nivel acordado. Además el mencionado marco de cooperación establece que, en caso de existir cantidades sobrantes como consecuencia de lo anterior, éstas se redistribuyen entre las comunidades a las que no se haya aplicado dicha minoración: estos hechos hicieron que en el ejercicio 2023 Aragón perdiera 1.529.254,9 euros en la financiación del nivel acordado de 2023, que se calculó con la certificación del cumplimiento de los objetivos de 2022.

La resolución fechada a 9 de agosto de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales por la que se publica el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) para el marco de cooperación interadministrativa y los criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante 2024 del nivel acordado puede consultarse en este enlace del Boletín Oficial del Estado.

Desde el Departamento de Bienestar Social y familia, analizado el nivel de inversión y ejecución presupuestaria del sistema de dependencia hasta el mes de julio de 2024, se está en condiciones de asegurar que en este año 2024 Aragón superará el nivel de inversión previo a la pandemia, “que nunca debió recortarse, puesto que si algo se puso de manifiesto desde marzo de 2020 fue la vulnerabilidad de las personas dependientes”, han remarcado. 

“En los momentos en los que más necesario era reforzar el sistema de dependencia y aprovechar los recursos provenientes de los fondos europeos para incrementar la cobertura y la calidad del sistema, el de Javier Lambán fue el Gobierno autonómico que más recortó el presupuesto en dependencia”, recuerdan. Dicho ajuste quedó reflejado en un informe con datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), disponible en este enlace, que indican que Aragón recortó su presupuesto en dependencia en el ejercicio 2021 en un 4,26%.

En el cuadro adjunto a continuación se puede comprobar cómo a partir de 2021, coincidiendo con la recuperación del nivel acordado de la dependencia, el Gobierno de Aragón recortó más de 8 millones de euros de la aportación autonómica, sin llegar a superar la inversión que había hecho en el año 2020.

Cuadro resumen financiación dependencia Aragón 2015 - 2023
Cuadro resumen financiación dependencia Aragón 2015 - 2023Gobierno de Aragón
Gráfico de la aportación Estado - Aragón a la financiación 2015 - 2023
Gráfico de la aportación Estado - Aragón a la financiación 2015 - 2023Gobierno de Aragón

Desde el Departamento de Bienestar Social y Familia recuerdan que el Estado y las Comunidades Autónomas deberían financiar al 50% el funcionamiento del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), si bien están siendo las CCAA quienes están asumiendo el peso del sostenimiento en una proporción aproximada del 70% frente al 30%, sin que se haya cumplido lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en vigor desde el año 2007.

Aunque aún queda lejos el mencionado equilibrio de 50% y 50% entre el Estado y las Comunidades Autónomas que establece la Ley para sostener la atención a la dependencia, este mecanismo de financiación posibilita que la Administración General del Estado distribuya créditos a las CCAA –a excepción de País Vasco y Navarra y de Ceuta y Melilla– mediante la suscripción de convenios entre el Gobierno central y cada Ejecutivo regional.