Migración
El Gobierno de Aragón interpondrá todas las acciones judiciales posibles ante el Real Decreto de regularización masiva de inmigrantes
El Ejecutivo autonómico denuncia el silencio del Ministerio ante las alegaciones presentadas por Aragón ya en febrero y alerta sobre la opacidad en las cifras de beneficiarios
El Gobierno de Aragón manifiesta su rechazo frontal al Real Decreto que impone la regularización masiva de inmigrantes y que ha sido aprobado este martes por el Consejo de Ministros; por ello, en cuanto el texto se publique en el Boletín Oficial del Estado, Aragón planteará todas las posibilidades judiciales y políticas para oponerse a este procedimiento.
La Diputación General de Aragón defenderá con todos los recursos a su alcance el interés general, la calidad de los servicios públicos y la seguridad de las próximas generaciones de aragoneses ante una medida que considera una irresponsabilidad. Esta regularización, manifiestan fuentes del Ejecutivo, ha sido diseñada a espaldas de las Comunidades Autónomas y en contra de las recomendaciones y advertencias de diversos organismos, como el Consejo de Estado y la Comisión Europea.
La decisión de llevar el RD ante la Justicia se toma habida cuenta de que el Gobierno de España sigue sin dar respuesta a las alegaciones que Aragón ya presentó en el mes de febrero a este procedimiento, que se ha tramitado de forma opaca y fuera de los cauces parlamentarios habituales. Este texto adolece, a juicio de la DGA, de falta de transparencia y de seguridad jurídica, puesto que no se ha calculado ni explicado a cuántas personas se pretende regularizar ni a nivel nacional ni a nivel autonómico. Lo que sí ha trascendido es que la existencia de antecedentes “no supondrá, por sí misma y de forma automática, causa de denegación de la autorización”, lo que desde la DGA consideran un desatino que amenaza la seguridad ciudadana.
Carmen Susín, consejera de Bienestar Social y Familia en funciones"Este Real Decreto, en caso de aprobarse, va a suponer una importante repercusión en las Comunidades Autónomas"
El Gobierno de Pedro Sánchez ha ocultado el posible impacto económico, no tiene en cuenta la carga administrativa que va asociada a un procedimiento de tal magnitud y tampoco los efectos que puede tener en la gestión de las Comunidades Autónomas y en la sostenibilidad de la sanidad pública, el sistema educativo y los servicios sociales.
Incorporar a un número indeterminada de personas –que oscila entre las 500.000 y 1.350.000 personas según distintos informes– sin una planificación previa ni la consecuente dotación de recursos supondrá una carga inasumible para las CCAA, incluida Aragón, y propiciará un colapso administrativo.
A estos argumentos se suma que llevar a cabo una regularización de estas características –sin establecer itinerarios de empleo claros, planes de integración o requisitos de convivencia– supone un agravio para los ciudadanos extranjeros que han cumplido escrupulosamente la Ley para residir en España. Premiar las situaciones de irregularidad con un procedimiento masivo incentiva el ‘efecto llamada’, alimenta expectativas irreales entre el colectivo de personas migrantes sin documentación y además supone una oportunidad para quienes quieren sacar rédito económico de sus posibles destinatarios mediante prácticas fraudulentas.
Por todas estas razones el Gobierno de Aragón se opondrá a esta última ocurrencia legislativa con la que se pretende sacar a los inmigrantes de la irregularidad sin medios, sin estructura y sin orden y denunciará una vez más la descoordinación y la deliberada opacidad del Gobierno de Pedro Sánchez en cada decisión sobre extranjería, impuesta vía Real Decreto, sin diálogo ni proporcionalidad.