El Gobierno de Aragón mantiene la total colaboración con el Ayuntamiento y la Comarca de Caspe para la atención de los afectados por las grietas en un edificio de viviendas

El Gobierno de Aragón mantiene su plena colaboración con el Ayuntamiento y la Comarca de Caspe en la búsqueda de la mejor solución para los 57 vecinos del bloque de viviendas ubicado en el número 8 del paseo de paseo Nuevo que, como se ha venido informando en las últimas horas, corre serio riesgo de derrumbe a consecuencia de las grietas detectadas por el arquitecto municipal.

A pesar de que la competencia urbanística es del Ayuntamiento y de que la competencia social es de la Comarca, el Gobierno de Aragón ha estado desde el primer momento en la zona. En la tarde-noche de ayer fue el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, quien se desplazó al municipio para colaborar con la alcaldesa y esta mañana ha sido la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, quien ha estado coordinando con las instituciones implicadas el operativo de realojo de los vecinos afectados.

El Gobierno, de la mano del Servicio de Emergencias y Protección Civil, coordinó el montaje del pabellón polideportivo para albergar durante las primeras horas a los desalojados. Cruz Roja fue la encargada de equipar el recinto que cuenta con aseos, duchas y calefacción.

Durante la mañana de hoy la Comarca ha repartido vales de comida para que los afectados puedan acudir a distintos restaurantes de la localidad y los menores han comido en los colegios en los que están escolarizados.

Entretanto se ha estado trabajando en la adecuación de los dos espacios en los que se va a realojar a los vecinos. En concreto 29 irán al convento de Santo Domingo y 19 a la Hospedería de Santa Ana, mientras que otros 9 han optado por buscar opciones alternativas por su cuenta.

Durante estas horas el Gobierno de Aragón ha pedido también la colaboración de la Delegación del Gobierno que ha declinado la solicitud argumentando que no tiene competencias en la materia a pesar de que la práctica totalidad de los afectados son personas llegadas de, al menos, 5 países distintos. La consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, ha afirmado que "hemos echado de menos el apoyo de la Delegación cuando estamos hablando de personas inmigrantes, algunos de ellos en situación irregular."

Con respecto al capítulo judicial, como ha explicado la alcaldesa, el Ayuntamiento contactó a mediodía de ayer con el Juzgado de Caspe a través de correo electrónico explicando la situación y solicitando la orden definitiva de desalojo del edificio afectado por la seguridad las personas que lo habitan, correo que fue respondido por la Juez tomando conocimiento de la situación.

A lo largo de esta mañana, además, el Ayuntamiento ha presentado un Oficio en la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Zaragoza solicitando el desalojo forzoso del inmueble.