Susín denuncia la sobreocupación del sistema de protección de menores y reclama al Gobierno de España que cumpla con sus obligaciones

Durante 2024 el sistema de protección de menores de Aragón atendió a un total de 494 menores migrantes no acompañados y fue a 31 de diciembre cuando se alcanzó el punto álgido de ocupación del sistema. En ese momento había 216 menores migrantes bajo la tutela de la Comunidad; esto es, una ocupación del 207,69% de las plazas estructurales destinadas a estos menores, cifradas en 104.

Éstos son los datos que ha compartido esta mañana en rueda de prensa la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín. La comparecencia de la titular del Departamento se ha desarrollado este martes, tras conocerse el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que confirma la admisión a trámite del recurso interpuesto por el Gobierno de Aragón contra el Real Decreto Ley sobre el reparto de menores migrantes no acompañados, que ha sido elevado a la Audiencia Nacional. En un segundo auto, también conocido este lunes, el TSJM ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por la DGA para suspender la obligación de remitir datos sobre el sistema de protección de menores de la Comunidad Autónoma.

En cumplimiento de la mencionada resolución judicial, el Departamento de Bienestar Social y Familia de Aragón ha procedido a compartir los datos requeridos por el Ministerio de Juventud e Infancia sobre el número de menores en desprotecciónatendidos en la Comunidad Autónoma.

Así, Carmen Susín ha informado sobre el número total de plazas con las que cuenta el sistema de protección autonómico: son 364, de las cuales 104 son específicas para atender a menores migrantes no acompañados en programas de acogida y autonomía. El resto se distribuyen entre plazas para menores embarazadas (4), para menores con discapacidad (21), en centros de internamiento (45), en centros para menores con trastornos de conducta (15), en hogares para niños en proceso de reunificación familiar (18) y otras 157 plazas en diversos recursos para menores en situación de desprotección.

Además Aragón atendía a 31 de diciembre de 2024 a un total de 119 jóvenes ex tutelados dentro de los programas de transición a la vida adulta e independiente. Todos estos datos figuran en el documento firmado electrónicamente por la Consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, actualizados a 14 de mayo de 2025.

Susín ha mantenido en su comparecencia ante los periodistas que el Real Decreto Ley impulsado por el Gobierno de España no responde al interés superior de los menores migrantes acogidos en Canarias y Ceuta a consecuencia de la crisis migratoria, sino que obedece a intereses políticos y acuerdos partidistas que excluyen a Cataluña del reparto de menores y ponen en riesgo el principio de igualdad y solidaridad entre Comunidades Autónomas, además de invadir competencias autonómicas.

“Éste es un Real Decreto Ley que en ningún momento se ha planteado para salvaguardar el interés superior de los menores migrantes no acompañados que están en Canarias y Ceuta: sólo sirve para sujetar los 7 votos que permiten que el Presidente del Gobierno de España mantenga su sillón en Moncloa”, ha aseverado Susín, que ha criticado que el Estado haya establecido arbitrariamente que “Aragón tiene que tener algo más de 400 plazas vacías para acoger a los menores no acompañados que considere el señor Puigdemont”.

La negativa a proporcionar los datos del sistema de protección de menores autonómico, ha explicado Susín, se ha sostenido en el convencimiento de que “el Real Decreto Ley que han pergeñado el Gobierno de Sánchez y sus socios independentistas es no sólo contrario a la Constitución; también es una concesión basada en la desigualdad, alumbrada al dictado de un prófugo de la Justicia”.

“Como ven, este Gobierno no es insumiso: cumple, por supuesto, con la Ley y con lo que los tribunales dictan, y esto es algo que el Gobierno de España parece que no está dispuesto a hacer”, ha criticado la Consejera. Así, el Gobierno de Aragón ha reafirmado su compromiso con la legalidad y la protección de los menores acogidos en la Comunidad y ha instado al Ejecutivo central a cumplir con la orden del Tribunal Supremo que les conminaba a reubicar a más de 1.200 menores que permanecen actualmente en Canarias, todo ellos solicitantes de asilo.

“El Estado ha bajado los brazos para atender a ese millar de menores”, ha lamentado, y ha manifestado que “la única preocupación es dilatar los tiempos e incumplir la orden del Tribunal Supremo de que acoja en sus recursos, con sus medios, a todos esos niños y jóvenes”. “Mientras tanto insisten en que las Comunidades Autónomas debemos acoger a los menores que decida Puigdemont, sin financiación, sin apoyo y sin medios”, ha remarcado Susín.

Sobre los criterios de reparto que contiene el Real Decreto Ley y que están pendientes de abordarse en la próxima Conferencia Sectorial, Carmen Susín ha recordado que “quienes lo han perpetrado están sometidos a los designios de un prófugo de la Justicia que se permitió alardear de los pocos menores que iba a recibir Cataluña”. “Sólo hay que hacer un análisis pormenorizado de los datos que publica Cataluña para comprobar que no sufren la sobresaturación que dicen”, ha indicado, y “casualmente Cataluña es la única comunidad Autónoma que durante 2024 ha ido reduciendo mes a mes el número de entrada de menores”.

“Siempre hemos dicho que el Gobierno de Aragón no es insumiso y cumple, ahora y siempre, la Ley; ahora que responda el Gobierno de España con lo que le exige el Tribunal Supremo”, ha dicho la Consejera, que ha mostrado su preocupación ante la falta de respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez frente a la crisis migratoria: “No podemos obviar que corresponde a quienes han creado el problema buscar la solución, y con datos o sin datos sobre los sistemas de acogida, quien está incentivando que sean las CCAA quienes asumen las consecuencias de una inexistente política migratoria es el Gobierno de Pedro Sánchez”, ha concluido.