Susín: “Trabajamos para que en el primer trimestre de 2025 haya un Anteproyecto de Ley de Ordenación de Entidades Privadas”

La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha comparecido a petición propia este miércoles en el Pleno de las Cortes para informar sobre la normativa de la regulación de los servicios y centros sociales especializados en Aragón.

Antes de explicar y analizar la situación legislativa vigente, Susín ha expresado una vez más las condolencias y solidaridad con todos los afectados tras la tragedia ocurrida en la residencia de Villafranca de Ebro, en la que fallecieron 10 de sus usuarios.

“Permítanme –ha dicho la consejera al inicio de su comparecencia-, que mis primeras palabras sean para exponer la situación de los residentes y trabajadores de dicho centro”. “Está previsto que, una vez finalizada la investigación de las causas, y certificadas todas las medidas de seguridad, así como la correspondiente autorización de apertura de la residencia, los residentes –ahora alojados en Vitalia Huesca– vuelvan al centro para garantizar su bienestar”, ha anunciado", ha asegurado Susín. 

Esa fecha de regreso y los consecuentes traslados “se producirán, única y exclusivamente cuando estén garantizadas y certificadas todas las medidas de seguridad y requisitos para la autorización de apertura; si los trabajos se retrasan, se retrasará también el traslado”, ha remarcado.

A continuación la Consejera ha procedido a analizar los requisitos y medidas de seguridad de los centros sociales en la actualidad, así como las ratios de atención y las condiciones laborales de los trabajadores: “El objetivo de este Gobierno es mejorar y garantizar la seguridad y la calidad de los servicios que se prestan en Aragón en la atención de personas dependientes y con discapacidad”.

Por ello, ha dicho, “se están revisando las normas vigentes con rango de Ley elaboradas, concretamente el Anteproyecto de Ley de Ordenación de Entidades Privadas, que espero que entre en estas Cortes el primer trimestre de 2025”. Ése es, según ha explicado Susín ante los grupos parlamentarios, el requisito previo a la aprobación de una nueva norma que sustituya el Decreto 111/1992 (https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=473489974439).

Ratios y condiciones de los trabajadores

Respecto a las condiciones laborales de los trabajadores “a las que tanto se han hecho referencia estos días”, ha dicho Susín, “les recuerdo que la Comunidad Autónoma no tiene competencia exclusiva en la fijación de las condiciones laborales. Es una competencia estatal y fruto de la negociación colectiva del 30 de mayo de 2023 que la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo publicó el VII Convenio Marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal”, ha precisado.

En cuanto a las ratios de atención, en Aragón está establecido que, en horario de noche, es de un auxiliar por cada 35 usuarios: “Les aseguro que en Aragón hoy la ratio en horario nocturno es mucho más favorable que en otras Comunidades Autónomas e incluso de lo que piden los sindicatos, que ahora están negociando la modificación normativa”, ha explicado.

“No voy a opinar sobre su suficiencia o no; les corresponderá a los expertos determinarlo en el grupo de trabajo correspondiente, pero sí he estado revisando estos días las ratios de otras Comunidades Autónomas y, por ejemplo, en Cataluña es la misma que en Aragón, en Cantabria es de un trabajador por cada 40 usuarios, y en Castilla-La Mancha, en el turno de noche se establecen al menos dos auxiliares, sin establecer ratio”, ha enumerado Carmen Susín.

Un plan de inspección actualizado y mejores protocolos

Tras un análisis pormenorizado del sistema de centros, realizado en estos días de la mano del Servicio de Ordenación de Servicios Sociales del Departamento de Bienestar Social y Familia, la consejera Susín ha explicado que se va a actualizar el Plan de Inspección, puesto que el último realizado abarcó de 2016 a 2018 y cabe añadir mejoras sustanciales en una nueva redacción.

Este documento va a recoger cuestiones como el respeto a los derechos fundamentales de las personas usuarias de centros y la calidad asistencial y desarrollará la configuración de una comisión de seguimiento en la que participarán entidades asociativas, representantes del Departamento de Sanidad, del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y de la Secretaria General Técnica del Departamento.

“Estamos ya trabajando en los protocolos de coordinación entre Departamentos cuyas funciones inciden en el ámbito de funciones atribuidas a la inspección de centros y servicios sociales, como Sanidad e Industria y, entre las Administraciones Públicas, los Ayuntamientos, que tienen la competencia en el otorgamiento de licencias y control en prevención de incendios y las Diputaciones Provinciales, de acuerdo con lo dispuesto en la propia Ley de Servicios Sociales de 2009”.

Si bien en el plan normativo del Departamento de Bienestar Social y Familia para 2024 no estaban incluidos ni el Proyecto de Ordenación de las Entidades Privadas de Servicios Sociales, ni la modificación del Decreto 111/1992, “no hemos dejado de trabajar y avanzar” al respecto, ha aseverado Susín.

Por último, ha recordado que con la aprobación de la futura Ley y la consecuente modificación del Decreto 111/2992 no se solucionarán todas las cuestiones que resultan problemáticas dentro del sistema de centros, como la escasez de profesionales cualificados, la atención a nuevas necesidades de los residentes o la accesibilidad plena de las instalaciones.