Aragón acuerda la interposición de un nuevo recurso contra el Real Decreto que impone la capacidad ordinaria de los sistemas de protección de menores de las comunidades autónomas

El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 743/2025, promulgado el 26 de agosto de 2025, que establece la capacidad del sistema de protección para menores extranjeros no acompañados en las distintas comunidades autónomas.

La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha solicitado formalmente esta autorización para emprender acciones legales e impugnar con ello la normativa, acompañándolas del informe preceptivo de la Dirección General de Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, que son quienes ejercen la representación y defensa judicial de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El Gobierno de Aragón ha interpuesto una serie de recursos contencioso-administrativos contra los criterios establecidos para el reparto forzoso de menores migrantes no acompañados ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Audiencia Nacional –en cuando al RDL publicado en marzo como el de agosto– además de un recurso de inconstitucionalidad que fue admitido a trámite esta primavera. A estos se une el contencioso administrativo presentado ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 658/2025, un recurso cuya admisión a trámite ha sido comunicada en las últimas horas.

La postura que sostiene el Gobierno de Aragón desde un primer momento es que el Decreto Ley, así como la normativa que de él se derive, para imponer a las CCAA el reparto de los menores migrantes que permanecen en Canarias y Ceuta por la emergencia migratoria es inconstitucional y conculca todos los consensos que hasta ahora regían en lo relacionado con la atención a estos jóvenes vulnerables, que se acordaban en las Conferencias Sectoriales.