Justicia
Aragón autoriza el recurso contra el Real Decreto de regularización de inmigrantes para proteger sus servicios públicos
Denunciará ante la Justicia que la medida se ha diseñado a espaldas de las CCAA y sin que se haya respondido a las alegaciones presentadas por la DGA en febrero
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este miércoles a la Dirección General de Servicios Jurídicos para que impugne el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, que promueve la regularización extraordinaria de inmigrantes, ante la falta de transparencia y de recursos por parte del Estado para su implementación.
La decisión de acudir a los tribunales, tomada a propuesta de la Consejería de Bienestar Social y Familia, responde al rechazo frontal del Gobierno de Aragón hacia una medida que considera una irresponsabilidad legislativa: el recurso es, por tanto, necesario para proteger el interés general, la seguridad jurídica y la calidad de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma. El mencionado Decreto se publicó en el BOE el 14 de abril y modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, con lo que abre las puertas a un proceso de regularización masiva.
Tras tomar conocimiento del informe-propuesta remitido a la Dirección General de Servicios Jurídicos para solicitar el ejercicio de acciones judiciales, el Consejo de Gobierno ha autorizado formalmente a los letrados de la Comunidad Autónoma para interponer el recurso contencioso-administrativo correspondiente.
El Gobierno de Aragón en funciones fundamenta su impugnación en la opacidad del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en torno a esta norma, puesto que no ha dado respuesta a las alegaciones presentadas por la Comunidad Autónoma al respecto el pasado mes de febrero. También denuncia que el Gobierno de España ha ocultado el impacto económico de la medida y no ha previsto la carga administrativa y de gestión que supondrá para la sanidad, la educación y los servicios sociales aragoneses.
El Ejecutivo autonómico en funciones considera que esta regularización masiva incentiva un ‘efecto llamada’ y supone un agravio comparativo para los ciudadanos extranjeros que cumplen escrupulosamente la Ley para residir en España. Por todo ello, Aragón agotará todas las vías judiciales posibles para oponerse a una decisión impuesta de forma unilateral y sin diálogo por parte del Gobierno de España y da con la interposición de este recurso el primer paso.