Financiación Autonómica
Aragón presentará alegaciones al anteproyecto de ley sobre la condonación de deuda por considerarlo injusto y discriminatorio
El Ejecutivo autonómico reclama también al Gobierno central el abono íntegro de las entregas a cuenta de 2025 y aprueba la tramitación por emergencia de los gastos derivados del apagón eléctrico del 28 de abril
El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicado en su comparecencia ante la prensa tras el Consejo de Gobierno celebrado este miércoles que el Ejecutivo autonómico ha decidido presentar alegaciones al anteproyecto de ley estatal de condonación de la deuda remitido por el Ministerio de Hacienda al considerar la propuesta arbitraria, injusta y discriminatoria.
“El texto no compensa la infrafinanciación estructural sufrida por la comunidad, no resuelve los problemas del actual sistema de financiación autonómica ni garantiza la igualdad entre territorios. Entendemos que la condonación se tiene que hacer en el ámbito de la reforma de esta financiación para todas las comunidades”, ha afirmado Bermúdez de Castro.
Así, el Gobierno aragonés ha decidido solicitar la revisión del anteproyecto y exigir un modelo más justo y adecuado a las necesidades reales de financiación de las comunidades autónomas, reafirmando su compromiso con una financiación suficiente, cohesionada y equitativa.
Entre los otros principales acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno, el Ejecutivo ha tomado conocimiento del requerimiento previo a la vía contencioso-administrativa que formulará el Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública ante la Administración General del Estado, en relación con el abono incompleto de las entregas a cuenta del ejercicio 2025.
Según las previsiones comunicadas por el propio ministerio en julio de 2024, Aragón debería recibir 412 millones de euros mensuales durante 2025, pero en los últimos meses solo ha percibido 350, lo que representa una merma del 15% que afecta gravemente a la prestación de servicios públicos esenciales.
“En todo el año nos supondría una merma de más de 700 millones de euros. Ayer nos enteramos de que ERC y el PSOE habían llegado a un acuerdo en Madrid para actualizar las entregas a cuenta de los ayuntamientos, pero no de las comunidades. Nosotros vamos a hacer un requerimiento previo a Hacienda para que nos pague lo que nos corresponde y si no lo hace pondremos un contencioso-administrativo ante el órgano competente”, ha afirmado el consejero.
Ante esta situación, el Ejecutivo aragonés considera que se vulnera el principio de suficiencia financiera y ha anunciado la presentación de un requerimiento previo a la vía contencioso-administrativa. En él se exigirá el abono de las cantidades no percibidas entre enero y mayo de 2025, así como la restitución del importe mensual comprometido.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la tramitación por procedimiento de emergencia de los gastos ocasionados durante el apagón eléctrico del 28 de abril, que dejó varadas a más de 2.800 personas en trenes y estaciones de Aragón.
El Gobierno autonómico activó el Plan Territorial de Emergencias (Platear) y desplegó un dispositivo de asistencia que incluyó el suministro de alimentos y agua, así como el traslado por carretera de los viajeros. El coste estimado de estas actuaciones asciende a 40.000 euros, cantidad que será reclamada a las compañías ferroviarias responsables (Renfe, Iryo y Ouigo), además de a ADIF, la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias.
Otros acuerdos
Asimismo, durante el Consejo de Gobierno se ha dado el visto bueno a la licitación de las obras para ampliar las Urgencias del Hospital Ernest Lluch de Calatayud con un presupuesto superior a los 9 millones de euros. Unos trabajos que se desarrollarán en un plazo de 24 meses desde su comienzo en el último trimestre de este año. También en materia sanitaria se ha autorizado destinar 2,7 millones de euros para la adquisición de medicamentos que se usan de manera habitual en tratamientos de cáncer y para el suministro de material destinado a la secuenciación masiva, que se usa para el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades, especialmente en oncología.
En materia educativa se ha dado luz verde al aumento de plazas de Enfermería en la Universidad San Jorge para el curso 2025-2026 que supone un incremento del 11% de las plazas con respecto al curso anterior.
Asimismo, se ha aprobado la convocatoria de becas de comedor para el curso que viene con un presupuesto de 11,85 millones de euros. Un programa que en el actual curso escolar ha llegado a 11.515 alumnos. Este montante incluye tanto las ayudas en especie que facilitan la utilización del servicio de comedor como las ayudas dinerarias que complementan las becas durante el periodo estival no lectivo.
El departamento de Educación también ha dado a conocer también los reconocimientos del Día de la Educación Aragonesa. El reconocimiento principal, la Medalla de la Educación aragonesa, será entregada a la Compañía de Jesús y Colegio del Salvador. Además serán siete los premiados con la Cruz San José de Calasanz: Miguel Ángel Álvarez, Dolores Serrat, Pilar Marión, Luciano Saez, María José Massotti, Teresa Asensio, José Antonio Montull, Lucía Ballesteros y Araceli Villaba.
El Consejo de Gobierno también ha aprobado la prórroga de los de los programas de carácter temporal Equipo de valoración de la discapacidad II y Equipo de valoración de la discapacidad III, con vigencia actual hasta el 31 de mayo de 2025. El IASS invertirá 455.000 euros para la continuidad de sendos programas, que finalizarán el 31 de mayo del próximo ejercicio. El objetivo es agilizar las valoraciones para reducir las listas de espera de la discapacidad.
En la misma línea de reducir listas de espera, desde el IASS ha autorizado la aprobación del programa temporal Plan de choque de dependencia III. Serán unos 340.000 euros para reforzar la contratación de equipos de valoración. Por último, el departamento de Bienestar Social ha aprobado la firma de dos convenios para reforzar la coordinación socio-sanitaria, unos acuerdos con el IMSERSO y con el Servicio Aragonés de Salud con los que se facilitará la interoperabilidad entre los sistemas y bases de datos.