El Gobierno de Aragón se persona como acusación particular por el incendio de Santa María de la Peña
La personación permitirá a la Comunidad Autónoma ejercer las acciones civiles y penales que correspondan en defensa del interés público a causa del incendio
El Gobierno de Aragón ha autorizado este miércoles a la Dirección General de Servicios Jurídicos la personación de la Administración de la Comunidad Autónoma como acusación particular en las diligencias previas abiertas por la presunta comisión de un delito de incendio forestal en relación con el fuego iniciado el pasado 10 de agosto en Santa María de la Peña (Huesca). El acuerdo permitirá ejercer, en su caso, las acciones civiles y penales que puedan derivarse del procedimiento judicial.
El incendio, el de mayor magnitud registrado en Aragón desde 1994, provocó importantes daños sobre el medio natural, las infraestructuras públicas y las poblaciones de la zona. La afección alcanzó a la masa forestal, los ecosistemas y al patrimonio natural, paisajístico, histórico y cultural.
Además, el fuego puso en riesgo la integridad de los numerosos efectivos que participaron en las labores de extinción y provocó el fallecimiento de Javier García Sancho, militar de la Unidad Militar de Emergencias. Otros tres integrantes de la UME resultaron heridos durante el operativo.
La emergencia obligó también al desalojo y evacuación de numerosas localidades, así como al confinamiento de otras durante varios días. El incendio afectó asimismo a espacios de especial valor ambiental y patrimonial, entre ellos los Paisajes Protegidos de San Juan de la Peña y Monte Oroel y de la Sierra de Santo Domingo.
La magnitud del fuego exigió el mayor despliegue de medios realizado hasta la fecha en Aragón para combatir un incendio forestal, con la participación de hasta 42 medios aéreos y más de un millar de efectivos de distintas administraciones y organismos, además de recursos internacionales movilizados a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil.
Con esta autorización, la Administración de la Comunidad Autónoma se incorporará al procedimiento judicial para ejercer las acciones civiles y penales que correspondan en defensa del interés público y de los intereses de la Comunidad Autónoma afectados por el incendio.


