El Gobierno de Aragón presenta alegaciones al anteproyecto de la falsa condonación de la deuda por considerarlo “arbitrario e injusto”

El Gobierno de Aragón ha aprobado este viernes en Consejo de Gobierno un Acuerdo por el que toma conocimiento de las alegaciones presentadas al Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común, actualmente en trámite de audiencia e información pública.

En el escrito, el Ejecutivo autonómico señala que la iniciativa del Gobierno central no responde a la necesidad real de las comunidades, que pasa por una reforma integral del sistema de financiación autonómica, y que además vulnera principios constitucionales como la igualdad, la solidaridad interterritorial, la estabilidad presupuestaria y la interdicción de la arbitrariedad.

El documento advierte de que la denominada condonación es en realidad una mera subrogación de deuda en favor del Estado, lo que en la práctica redistribuye cargas entre territorios de forma desigual y perjudicial para Aragón.

Según las estimaciones incluidas en las alegaciones, cada aragonés vería incrementada su deuda per cápita en 253 euros, mientras que en comunidades como Cataluña o Castilla-La Mancha se reduciría en varios cientos de euros por habitante.

Asimismo, el Gobierno de Aragón pone de relieve el origen político de la medida, vinculada a acuerdos de investidura, y denuncia la ausencia de una justificación técnica suficiente. La metodología de reparto, sostiene el Ejecutivo, es arbitraria y distorsiona el espíritu de la norma, ya que premia a comunidades con mayor endeudamiento y penaliza a aquellas que han mantenido una gestión financiera más responsable.

Las alegaciones subrayan que la propuesta genera un riesgo moral al desincentivar la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas.

El Ejecutivo aragonés también critica que el anteproyecto no ha sido consensuado con las comunidades autónomas ni ha contado con trabajos preparatorios que permitiesen debatir de manera rigurosa los criterios de reparto. La iniciativa se trasladó cerrada al Consejo de Política Fiscal y Financiera de febrero de 2025, sin margen para la negociación real.

Otro de los aspectos destacados es que la condonación no permitirá destinar el ahorro en intereses a mayor gasto social, ya que la regla de gasto impide que los recursos liberados puedan utilizarse para reforzar servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales.

Por ello, solicita la suspensión de la tramitación del anteproyecto en tanto no se aborde de forma paralela y prioritaria una reforma del modelo de financiación que garantice recursos suficientes para la prestación de los servicios públicos fundamentales y una distribución justa y equilibrada entre territorios.