El Gobierno de Aragón recurre el Real Decreto de regularización de inmigrantes con el objetivo de “proteger los servicios públicos que se prestan a los aragoneses”

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Dirección General de Servicios Jurídicos para que impugne el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, que promueve la regularización extraordinaria de inmigrantes. “El recurso se presenta con el fin de proteger los servicios públicos aragoneses, y ante la falta de transparencia y de recursos por parte del Estado para su implementación”, según ha informado la vicepresidenta en funciones y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero.

“Sin consenso, por tactismo político”

“Una vez más, el Gobierno de España toma acuerdos sin consenso, que tensionan y confrontan con los gobiernos autonómicos, por tactismo político”, ha reprochado la vicepresidenta en funciones, para quien “se trata de una instrumentalización de las políticas públicas, sin lealtad institucional, sin diálogo, y de espaldas a los intereses de los aragoneses”.

La decisión de acudir a los tribunales, tomada a propuesta del Departamento de Bienestar Social y Familia, se debe al “rechazo frontal del Gobierno de Aragón hacia una medida que considera una irresponsabilidad legislativa”, ha señalado Vaquero. “El recurso se considera necesario para proteger el interés general, la seguridad jurídica y la calidad de los servicios públicos de Aragón”, ha añadido Vaquero. 

El Gobierno de Aragón fundamenta su impugnación en la opacidad del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en torno a esta norma, puesto que no ha dado respuesta a las alegaciones presentadas por la Comunidad Autónoma al respecto el pasado mes de febrero. También denuncia que el Gobierno de España ha ocultado el impacto económico de la medida y no ha previsto la carga administrativa y de gestión que supondrá para la sanidad, la educación y los servicios sociales aragoneses.

El Ejecutivo autonómico considera que esta regularización masiva incentiva un ‘efecto llamada’ y supone un agravio comparativo para los ciudadanos extranjeros que cumplen escrupulosamente la Ley para residir en España. Por todo ello, Aragón agotará todas las vías judiciales posibles para oponerse a una decisión impuesta de forma unilateral y sin diálogo por parte del Gobierno de España y da con la interposición de este recurso el primer paso.

Admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad a la ley de la clientela

El Consejo de Gobierno también ha tomado conocimiento de la admisión a trámite, por parte del Tribunal Constitucional, del recurso contra la Ley 10/2025, de 26 de diciembre, por la que se regulan los servicios de atención a la clientela. El Gobierno de Aragón interpuso este recurso de inconstitucionalidad en defensa de los intereses de las empresas con sede social en Aragón. 

El recurso va dirigido contra cinco artículos y una disposición final de la ley, que fijan la obligación de atención en lenguas cooficiales a empresas con domicilio social en Aragón que presten servicios en comunidades autónomas que cuentan con lenguas cooficiales, así como la obligación de formación a su personal en catalán, euskera o gallego.

Esta obligación incluye la atención de “consultas, quejas, reclamaciones o incidencias” que se pueden realizar en lenguas cooficiales, la obligación de disponer de un servicio de atención al cliente en estas lenguas, y la de proporcionar formación y capacitación adecuada al personal que preste servicios de atención personalizada a la clientela, así como al personal que diseñe y gestione los medios automatizados que se puedan utilizar, incluyendo una formación específica previa en idiomas cooficiales e, igualmente, la formación y capacitación continuada que sea necesaria para adaptar sus conocimientos sobre la actividad a las lenguas cooficiales.

Refuerzo de la valoración de la discapacidad

El Gobierno de Aragón ha prorrogado los equipos de refuerzo para agilizar la valoración de la discapacidad y reducir los tiempos de espera. El Consejo de Gobierno ha autorizado una inversión de 476.109 euros para dar continuidad a dos equipos de trabajo temporales hasta mayo 2027 con el fin de agilizar la atención de quienes aguardan el reconocimiento de la discapacidad.

El propósito principal de este refuerzo es agilizar los procedimientos de reconocimiento y calificación del grado de discapacidad para cumplir con el plazo máximo de seis meses que establece la normativa vigente. La prórroga aprobada tendrá una duración de doce meses, hasta mayo de 2027. Estos equipos están formados por un total de doce profesionales interinos con perfiles especializados.

Más medios para Atención temprana

El Consejo de Gobierno también ha prorrogado el plan de refuerzo para agilizar las valoraciones de Atención Temprana, con una inversión de 175.939 euros. La medida está destinada a acelerar la atención a menores de entre 0 y 6 años con posibles trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlos, y a reducir las listas de espera existentes en la Comunidad.

El total de niños atendidos por el sistema ha registrado un incremento acumulado desde agosto de 2023 hasta abril de 2026 del 31,21 %, hasta alcanzar a 3.010 menores en las tres provincias. Las solicitudes pendientes de valorar se han reducido entre septiembre de 2023 y abril de 2026, al pasar de 575 a 446, el equivalente a un 22,43%. De esas 446 solicitudes de Atención Temprana pendientes de valoración, 308 corresponden a la provincia de Zaragoza, 103 a Huesca y 35 a Teruel.

Incremento del programa “Lanza Teruel”

El Consejo de Gobierno ha aprobado incrementar hasta los 14.135.968 euros el presupuesto de la convocatoria del programa Lanza Teruel para este año. El aumento, de 1,13 millones de euros, procede de los remanentes de la anterior convocatoria

Este programa, gestionado por el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), va dirigido a la captación de nuevas empresas y crecimiento de las ya establecidas en la provincia de Teruel.

Lanza Teruel está financiado por el Fondo de Inversiones de Teruel y consiste en subvenciones concedidas a grandes y medianas empresas, establecidas en la provincia de Teruel o que estén en proceso de hacerlo, y que realicen nuevas inversiones por un importe superior a 5.000.000 de euros. El objetivo es la dinamización y fidelización de estas empresas.

Las ayudas contemplan tres líneas de ayudas: a la inversión, a la investigación industrial y el desarrollo experimental, y a la demostración y medidas de apoyo a la eficiencia energética. El importe máximo de ayuda por beneficiario no podrá superar los 6 millones de euros. Las inversiones deberán estar realizadas antes del 31 de octubre de 2028.

Sanidad animal

Finalmente, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del acuerdo para la tramitación de emergencia del encargo a la sociedad pública Tragsatec para reforzar las actuaciones en sanidad animal en Aragón, con el objetivo de reforzar las actuaciones. Este encargo cuenta con un presupuesto de 322.843 euros.

La actuación responde a un contexto sanitario exigente, marcado por la aparición de dos focos de Dermatosis Nodular Contagiosa en Aragón y por el riesgo creciente de enfermedades como la influenza aviar o los más de 300 casos de peste porcina africana aparecida en la comunidad vecina de Cataluña, que pueden tener consecuencias tanto para la cabaña ganadera como para la economía del sector.

Con ello, se podrá profundizar en la vacunación de emergencia frente a la dermatosis nodular contagiosa (DNC), la gestión de brotes de influencia aviar altamente patógena, el refuerzo de la bioseguridad en explotaciones porcinas de la comunidad, verificaciones de la vacunación en explotaciones bovinas, seguimiento de la cobertura vacunal, control de movimientos de los animales, toma de muestras y supervisión de las medidas de bioseguridad.