El INAGA vuelve a reforzar su personal con 10 puestos más
El Consejo de Gobierno autoriza la incorporación de 7 técnicos del grupo A1 y 3 del grupo A2, con carácter temporal hasta abril de 2028, para atender el aumento de carga de trabajo.
Gracias al Plan de Agilización del instituto la plantilla se incrementará de 72 efectivos a 96, lo que supone un hito en la historia del organismo, con un aumento del 33%
El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) contará con un nuevo refuerzo de 10 puestos de trabajo para agilizar la tramitación de expedientes ambientales, tras la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de un programa de empleo temporal. Esta medida constituye un nuevo hito en la mejora de la plantilla del instituto y se enmarca en el plan de agilización que el Gobierno de Aragón viene aplicando desde junio de 2024 y que ha permitido reducir de forma significativa la acumulación de expedientes, avanzar en la digitalización y reforzar la estructura de personal del organismo.
El acuerdo aprobado autoriza la incorporación de 10 técnicos, 7 del grupo A1 y 3 del grupo A2, para atender el incremento de carga de trabajo derivado de expedientes de especial complejidad, como autorizaciones ambientales integradas, evaluaciones ambientales de proyectos estratégicos o planes de interés general de Aragón.
Estos puestos tendrán carácter temporal hasta abril de 2028, con posibilidad de prórroga hasta 2029, y permitirán dar respuesta a un volumen creciente de expedientes vinculados a inversiones industriales, energéticas y de infraestructuras. El programa cuenta con una previsión de gasto plurianual de 1.419.984,18 euros.
Este nuevo refuerzo se suma a las medidas ya adoptadas en el marco del plan de agilización del INAGA, que ha supuesto el mayor incremento de personal de las últimas dos décadas. La plantilla ha pasado ya de 72 a 86 efectivos con la incorporación de 14 nuevos puestos estructurales, lo que representa un aumento cercano al 19,5%. Y, con la suma de estos 10 nuevos efectivos, el incremento global alcanzará ya los 24 puestos, lo que eleva la plantilla hasta los 96 trabajadores y supone un crecimiento acumulado del 33,3% respecto a la situación inicial.
El nuevo programa responde a la necesidad de afrontar un incremento sostenido de expedientes complejos, entre los que destacan más de 130 solicitudes de autorización ambiental integrada en el ámbito industrial, incluyendo numerosas plantas de biogás, así como 15 planes de interés general de Aragón actualmente en tramitación, todos ellos asociados a importantes inversiones y generación de empleo. El refuerzo aprobado permitirá avanzar en la resolución de estos procedimientos, garantizando el cumplimiento de los plazos y manteniendo los niveles de control y calidad en la evaluación ambiental.
De este modo, los nuevos técnicos participarán en la tramitación completa de expedientes ambientales en todas sus fases, desde el análisis de la documentación y la validación de solicitudes hasta la elaboración de informes técnicos y propuestas de resolución, incluyendo también la petición y evaluación de informes sectoriales, el análisis de alegaciones y la supervisión del proceso administrativo. Su trabajo se centrará especialmente en expedientes de mayor complejidad, como autorizaciones ambientales integradas —tanto industriales como ganaderas—, evaluaciones ambientales de proyectos estratégicos y de infraestructuras, así como en ámbitos como la gestión de residuos, emisiones a la atmósfera o informes en medio natural.
Cabe recordar, además, que la mejora de los medios humanos ha ido acompañada de una profunda transformación organizativa y tecnológica. En menos de dos años, los expedientes activos se han reducido de cerca de 7.500 a 4.400, mientras que los expedientes fuera de plazo han descendido un 44%, pasando de 4.875 a 2.750. Paralelamente, la tramitación electrónica ha pasado del 0% al 80% de los procedimientos, permitiendo gestionar alrededor de 9.500 expedientes al año mediante herramientas digitales integradas.
El plan también ha permitido prácticamente eliminar la dependencia de consultoras externas, con una reducción superior al 99% en los encargos para las evaluaciones de impacto ambiental en apenas tres años y sin recurrir a este recurso en ningún proyecto de energías renovables en los últimos ejercicios.


