Mar Vaquero explica que la declaración de emergencia permitirá reforzar la atención a los menores migrantes procedentes de Canarias

La Consejería de Bienestar Social y Familia ha solicitado en el Consejo de Gobierno la declaración administrativa de emergencia para poder atender con mayores recursos a las decenas de migrantes trasladados desde Canarias a la Comunidad, que se encuentran en una grave situación de vulnerabilidad, especialmente en el caso de los menores no acompañados.

Así lo ha anunciado este miércoles la vicepresidenta segunda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, que ha justificado esa decisión para poder dar cobertura inmediata a esta situación excepcional a través de mecanismos de contratación de emergencia. En total, desde el 7 de noviembre y hasta la fecha actual, 72 migrantes se han declarado menores no acompañados, lo que supone un coste total de 490.680 euros, de acuerdo con el precio por plaza y día acordado por las comunidades autónomas.

Con esa decisión permitirá reforzar la atención de estos migrantes porque esta realidad implica un “tratamiento diferente” al de los menores en situación de desprotección que ya estaban siendo atendidos por los servicios sociales aragoneses. En concreto, el servicio de Infancia y Adolescencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales ha tenido que acometer de forma urgente una reestructuración de los recursos y equipos que operan dentro del sistema de protección a los menores para atender de manera integral a estos recién llegados.

Nueva Declaración de Interés Autonómico

Una nueva Declaración de Interés Autonómico se ha aprobado en este Consejo de Gobierno, en este caso para la ampliación del polígono “La Charluca”, de Calatayud y Paracuellos de Jiloca. Gracias a ello, se aumentará la superficie industrial en 620.000 metros cuadrados, en un plan que tiene un plazo máximo de ejecución de 8 años y un coste de 21,4 millones de euros.

La vicepresidenta ha incidido en la importancia que tiene este proyecto, que afecta directamente a cuatro comarcas y a una población superior a 70.000 personas. Además, se da respuesta a la demanda de suelo industrial en ese polígono, que actualmente asciende a 60.000 metros cuadrados y con perspectivas muy positivas. “También supone la posibilidad de atraer nuevas inversiones y empresas, que puedan incentivar la actividad económica de este polígono y esos municipios”, ha explicado.

Un territorio, ha complementado, que posee un “gran potencial” para la producción industrial y como emplazamiento para el abastecimiento. Con la Declaración de Impacto Autonómico “permitiremos agilizar los trámites para ofrecer los espacios que necesitan para seguir creciendo, industrialmente hablando”.

En defensa de nuestra democracia

“El Gobierno de Aragón, en estas circunstancias, quiere poner en valor el sistema democrático que nos dimos los españoles hace 45 años”. Con estas palabras, Mar Vaquero ha puesto en valor la concesión del Premio Gabriel Cisneros a los diputados y senadores aragoneses de la legislatura constituyente.

Con él pretenden recalcar su “labor de defensa y consolidación de los valores constitucionales”, en un momento especialmente trascendente para nuestro país como fue la Transición española, en la que se “contribuyó de manera esencial a asentar las bases” de nuestro sistema democrático.

Tras ello, ha hecho referencia al nombramiento de los miembros del Consejo Consultivo de Aragón, en el que Xavier de Pedro Bonet ha sido designado presidente. Y también se ha dado cuenta de la aprobación de un decreto ley para mejorar la aplicación de la legislación aragonesa de contratación pública, especialmente pensada para las entidades locales de pequeño tamaño; y del decreto de nombramiento de Raquel Fuertes como directora de la CARTV.

Bienestar social y familia

El Ejecutivo autonómico va a ampliar 10 millones de euros la dotación para el servicio de atención a las personas en situación de dependencia en su domicilio. Se actualiza de esta manera el precio-hora a 20 euros con carácter general, salvo en aquellas que dispongan de unas condiciones especiales de ruralidad, para las que será 21 euros. Asimismo, se amplía el número de horas mensuales mínimas de atención a personas con grado I de dependencia, pasando de 8 a 10, lo que supone 29.712 horas más cada año.

De ello se van a beneficiar las comarcas que disponen de convenios de colaboración con el Gobierno de Aragón y también los ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes: Huesca, Teruel y Calatayud.

Y se ha dado luz verde a la contratación de un nuevo equipo de valoración de la discapacidad, compuesto por un médico, un terapeuta ocupacional, un psicólogo, un enfermero, un trabajador social y un administrativo. Para ello se destinará un total de 459.172,38 euros.

Resto de acuerdos

En materia sanitaria, se ha dado el visto bueno para los convenios entre el Gobierno de Aragón y 16 entidades locales para la prevención de la drogodependencia y otras conductas adictivas, valorados en 526.958 euros. Al que hay que sumar el acuerdo con el Consorcio de Compensación de Seguros y la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras para la atención de lesionados en accidente de tráfico mediante servicios de emergencias sanitarias para el período 2024-2027.

Por su parte, se han aprobado adendas a los convenios de colaboración con la Universidad de Zaragoza y la Universidad San Jorge para el reconocimiento de créditos entre los estudios de enseñanzas artísticas, deportivas o de formación profesional de grado superior y los estudios universitarios. E Itaiinova ha acordado su colaboración con la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia para la formación dual de jóvenes que cursan el grado de Ingeniería de Datos de Procesos Industriales y con la Universidad de Mondragón para un programa formativo sobre Emprendimiento e Innovación Abierta.