Educación
Educación reitera su compromiso con la independencia de la Inspección, la seguridad jurídica y el diálogo con la comunidad educativa
Garantizar la autonomía de la acción inspectora frente a presiones o injerencias es la primera salvaguarda para la equidad del sistema y la protección del profesorado
Ante la convocatoria de una huelga educativa en la provincia de Huesca este miércoles, 14 de octubre, promovida por varias organizaciones sindicales, el Departamento de Educación, Ciencia y Universidades respeta el ejercicio de este derecho fundamental y ha establecido los servicios mínimos necesarios para garantizar la atención del alumnado y el funcionamiento de los centros educativos durante esta jornada.
El Gobierno de Aragón vela y velará siempre por la estricta independencia de los cuerpos de inspección y de todos los empleados públicos en el ejercicio de sus competencias. A todos ellos, también a los responsables de la Inspección Educativa, se les exige actuar bajo criterios de objetividad, autonomía y respeto a los derechos de todos los aragoneses.
En cuanto a la actividad inspectora en la provincia de Huesca, tal y como ya se aclaró en sede parlamentaria, no es cierto que existan siete expedientes vinculados al IES Ramón y Cajal de Huesca: únicamente consta un expediente sin resolver y dos apercibimientos, de los cuales sólo uno concluyó con sanción por falta leve. La tramitación de expedientes disciplinarios afecta en Huesca a un porcentaje marginal del 0,41 % de la plantilla y así lo recoge la memoria de la DIE del curso 2025/26.
Tanto la propia Consejera como la Dirección Provincial de Educación han defendido que estos procedimientos son independientes, de carácter subsidiario y que están motivados estrictamente por el incumplimiento de deberes administrativos y/o del ordenamiento legal específico del personal público. La Administración ha demostrado su compromiso con las garantías procedimentales y ha anulado de oficio aquellas sanciones en las que se ha detectado algún defecto formal en la incorporación de alegaciones.
En todo caso, ese expediente disciplinario al que aluden continuamente oposición y sindicatos no responde a un “ataque a la libertad sindical”, como se ha publicado. Dicho procedimiento se abrió debido a que el funcionario incurrió en la presunta vulneración de una de sus obligaciones fundamentales: la protección de los derechos de un menor. Además, recordamos que en este momento la tramitación de dicho expediente está suspendida hasta que Inspección General de Servicios lleve a término la investigación que solicitaron los sindicatos hace dos semanas.
Por último, el Departamento de Educación, Ciencia y Universidades considera que las demandas relativas a la simplificación burocrática, la unificación de criterios de supervisión entre Huesca, Zaragoza y Teruel y la clarificación de las programaciones LOMLOE deben abordarse en el ámbito autonómico. Por ello, la Consejería mantiene abiertas las vías de interlocución y ha trabajado en una propuesta de compromisos concretos con la que prevé aportar certidumbre documental y reforzar el mejor acompañamiento pedagógico posible en las aulas aragonesas.


