El Gobierno de Aragón defenderá “con contundencia” la legalidad de la concertación del Bachillerato

Desde el respeto debido al auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que este jueves suspendió cautelarmente la orden ECD/515/2026, relativa a la concertación de enseñanzas de Bachillerato, el Gobierno de Aragón va a defender la legalidad la medida y lo hará poniendo por delante la seguridad jurídica de las familias. Así lo han confirmado este viernes la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, Mar Vaquero, y la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, tras la reunión que han mantenido con los representantes del sector de la concertada en Aragón.

La DGA ha transmitido tranquilidad a los representantes de la concertada y se ha comprometido a defender la legalidad de esta medida, diseñada para garantizar la libertad de elección de las familias aragonesas, por considerar la concertación de esta etapa post-obligatoria como una cuestión de justicia y que no supone un perjuicio para la red pública.

Esta decisión se hizo con el Gobierno en funciones, han explicado, porque era “imprescindible” para poder cumplir con el compromiso de la concertación para que el proceso de matriculación empezase en plazo: la paralización que imponen las medidas cautelares, por tanto, hace necesaria la toma de medidas para asegurar que se lleva a cabo “con todas las garantías” el proceso de concertación.

Es por ello que se asume el acatamiento de las cautelares –descartada “por responsabilidad y por la seguridad jurídica de las familias” la posibilidad de recurrir, aunque quepa recurso– y el Ejecutivo empezará el proceso desde cero, reiniciando el proceso de concertación del Bachillerato con la vista puesta en el curso 2027/28.

La posición tanto del Gobierno como del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades es “firme”, en palabras de Vaquero y Susín, que se han referido a la concertación singular del Bachillerato como “una decisión legítima de planificación educativa”, por tanto amparada por la Ley y orientada a ampliar las posibilidades de elección de las familias aragonesas.

“No estamos quitando derechos, sino ampliándolos”, ha concluido Vaquero, que ha contrapuesto la defensa de derechos y de la seguridad con el sectarismo y partidismo hipócrita de quienes han paralizado la orden de concertación de esta enseñanza post-obligatoria.

En el caso de Aragón, la concertación del primer curso de Bachillerato supone eliminar una barrera económica que afectaba en la actualidad a unas 1.700 familias de una veintena de centros, que se veían obligados a realizar cambios de centro que no deseaban y que tenían por ello limitada la libertad de elección que reconoce la Constitución Española.

Han asistido a la reunión de este mediodía representantes de la Federación de Sindicatos Independiente de Enseñanza de Aragón (FSIE), la Federación de Enseñanza de USO Aragón, Fecaparagón, Confederación Española de Centros de Enseñanza en Aragón (CECE Aragón) y Escuelas Católicas de Aragón (ECA).