El Gobierno de Aragón, preocupado por la supresión de paradas de autobús en los pueblos tras la aprobación del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible

El Gobierno de Aragón traslada su preocupación ante la posible supresión de hasta 151 paradas de autobús de las líneas estatales en Aragón, una vez el Gobierno de Pedro Sánchez sacara adelante ayer en el Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible con los votos a favor del PSOE, Sumar, ERC, PNV, EH Bildu, BNG y Junts.

De prosperar, esta norma sería el marco legal para implantar el nuevo mapa concesional estatal en un plazo no superior a un año desde la entrada en vigor de la ley, socavando la movilidad de los más de 25.000 aragoneses que se verán afectados por un recorte de paradas sin precedentes, al perder la posibilidad de subirse al autobús en sus pueblos, por los que continuaría pasando, pero sin detenerse.

El Ejecutivo autonómico viene denunciando reiteradamente los planes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en lo que considera “un ataque a las políticas e iniciativas de lucha contra la despoblación, cuya eficacia requiere de medidas que van en la dirección contraria a la emprendida por el Gobierno central, empeñado en primar la reducción de tiempos en las conexiones entre las grandes urbes, en detrimento de un transporte social que atienda las necesidades de los habitantes del medio rural, de quienes se olvida por completo el Ministerio con este nuevo mapa estatal”, apunta el director general de Transportes del Gobierno de Aragón, David Sánchez Fraile.

De salir adelante este nuevo mapa concesional incluido en la Ley de Movilidad Sostenible en los términos fijados por el único documento público conocido hasta el momento, ocasionaría un grave perjuicio a más de 26.500 oscenses que verían suprimidas paradas en un total de 50 municipios. En el caso de Zaragoza serían 39 los municipios que verían pasar de largo el autobús al que ahora sí se pueden subir casi 2.500 afectados y, en el caso de Teruel, se suprimirían paradas en 62 municipios y el número de usuarios damnificados ascendería a casi 10.000.

“Desde el Gobierno de Aragón nos oponemos a la supresión de todas o cada una de las 151 paradas previstas, porque es de justicia que nuestro medio rural disponga del mejor transporte público posible y que todas las administraciones contribuyamos a ello”, ha señalado Sánchez Fraile, quien ha contrapuesto los planes del Gobierno central con su mapa concesional con el que está implementando Aragón y con el que “lejos de desatender a los usuarios, multiplicamos los servicios, pasando de recoger a viajeros en 900 núcleos a hacerlo en unos 1.500, aumentando frecuencias, renovando vehículos con flotas más accesibles y menos contaminantes y reduciendo las tarifas”.

En lo sucesivo y a la par que continúa desplegando el conjunto de nuevas líneas del mapa autonómico de aquí a final de año, el Gobierno de Aragón va a permanecer muy atento al recorrido de esa Ley de Movilidad Sostenible y su afección a la movilidad pública en el territorio aragonés. “En función de cómo evolucionen los acontecimientos, desde el Gobierno de Aragón nos reservamos la posibilidad de ampliar las acciones informativas y de protesta en los municipios afectados por la supresión de los servicios estatales en nuestra comunidad autónoma”, ha concluido Sánchez Fraile.