El Instituto Aragonés del Agua y el COTA emitirán informes sobre la propuesta de trasvase a cuatro municipios catalanes con término fuera de la cuenca del Ebro

Además del Instituto Aragonés del Agua, el Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón (COTA) también realizará un informe sobre la propuesta de trasvase del Segre (afluente del río Ebro) a cuatro localidades catalanas cuyos términos municipales se encuentran fuera de la cuenca del Ebro. Así lo ha asegurado el vicepresidente y portavoz del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado hoy. En dicha comparecencia ha estado acompañado por el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné.

La Ley de Ordenación del Territorio de Aragón establece en su artículo 48 que se someterá a dictamen del COTA "cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia de aguas que afecte a su territorio, en particular las instrumentadas por vía de transacción o cesión de derechos al uso privativo del agua, tanto en el momento de elaboración de la Ley de transferencia que prevea la misma como en el momento de la formalización y autorización de la transferencia transaccional o de cesión de derechos". El plazo que tiene el COTA para emitir este informe es de dos meses.

Así mismo, la Ley de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón establece en su Disposición Adicional Séptima, que el Plan Hidrológico Nacional y los planes hidrológicos de cuenca que afecten al territorio de Aragón deberán someterse, con carácter previo a su aprobación, a informe preceptivo del Instituto del Agua de Aragón.

En este sentido, tanto el vicepresidente del Gobierno de Aragón como el consejero de Medio Ambiente han destacado que la mera solicitud por parte del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino de un informe preceptivo al Gobierno de Aragón para autorizar este trasvase ya implica una afección al territorio aragonés. Cabe recordar que el artículo 72 del Estatuto solo prevé ese informe en caso de que una actuación estatal "afecte" al territorio. El texto estatutario establece que "la Comunidad Autónoma emitirá un informe preceptivo para cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia de aguas que afecte a su territorio. El Gobierno de España deberá propiciar de forma efectiva el acuerdo entre todas las Comunidades Autónomas que puedan resultar afectadas". El vicepresidente ha destacado que este último punto, el de propiciar un acuerdo entre todas las Comunidades Autónomas implicadas, tampoco se ha cumplido en este caso.

El vicepresidente ha subrayado que "la gravedad de la amenaza de trasvase no viene solo por el hecho de ser una transferencia de agua, sino por la reacción que ha producido en otros territorios, como por ejemplo en Valencia. Que Valencia aproveche la oportunidad para reclamar un trasvase más potente dice mucho del error que se ha cometido en este planteamiento".

Por su parte, el consejero ha recordado que todavía hay 50 pueblos en Aragón con problemas de suministro de agua de boca, "a pesar de la gran inversión realizada por el Instituto Aragonés del Agua que ha permitido pasar en los últimos años de 180 pueblos con problemas a 50". En este sentido, el Estatuto de Autonomía de Aragón recoge en su disposición adicional 5ª la prevalencia del derecho expectante de los usuarios de la cuenca.

El consejero Alfredo Boné ha recalcado también que la solicitud de informe preceptivo para este trasvase no se ha facilitado un informe de necesidades y alternativas. "No nos han aportado ni un estudio demostrando la necesidad, ni de alternativas, que es lo que se hace en estos casos, para analizar las alternativas desde el punto de vista económico, social y medioambiental". Boné ha afirmado que "sin un estudio de alternativas es difícil justificar un trasvase". Tanto el vicepresidente como el consejero han recalcado que cualquier solución debería estar condicionada a una limitación temporal y al carácter reversible de la actuación.

Academia de la Historia

Además, el vicepresidente, preguntado por los medios por las recientes tergiversaciones históricas relativas a la Corona de Aragón, ha recordado que las Cortes tienen el mandato de crear una ponencia para estudiar la Ley de Actualización de los Derechos Históricos. Como novedad, el José Ángel Biel ha asegurado que dicha ley "podría incluir la creación de una Academia de la Historia de Aragón que tendrá mucho que decir ante las manipulaciones históricas". Dicha Academia tendría como objetivos profundizar en el estudio de la historia de Aragón y fomentar su divulgación, reivindicar y dignificar la historia en sus justos términos y fomentar la participación de expertos a través de un organismo académico.

NOTA: Se incluye el PDF con los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno, audios del vicepresidente (AUD 1 y AUD 3) y del consejero de Medio Ambiente (AUD 2) y fotografías de la rueda de prensa