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"La política hidráulica del Gobierno central provoca mayores desigualdades territoriales"

El director general del Agua, Javier Sánchez, ha participado en las X Jornadas sobre Derecho de las Aguas.

"La nueva política hidráulica que el actual Gobierno central propugna es simplista y tendente a provocar todavía mayores desigualdades territoriales y económicas, así como despoblación de la España interior, en beneficio de las más ricas y prósperas." Con estas palabras se expresaba esta tarde, el director general del Agua del Departamento de Medio Ambiente, Javier Sánchez, en las X Jornadas sobre Derecho de las Aguas.

Sánchez, que ha intervenido en la mesa redonda sobre "Usos y aspectos económicos del Agua" ha expuesto la visión del Departamento de Medio Ambiente en relación al Libro Blanco del Agua y a la Reforma de la Ley de Aguas

En este sentido, Sánchez señaló que "la filosofía que destila el libro blanco consistente básicamente en la maximización de rentas con una interpretación verdaderamente peculiar y sesgada sobre el concepto solidaridad, al dar la impresión de que sólo la entiende de las regiones pobres hacia las más ricas"

El director general entiende en el Libro Blanco "subyace la idea de demostrar la viabilidad y la necesidad de las transferencias de recursos entre cuencas, considerando a la del Ebro como cuenca con superávit y, por lo tanto, potencialmente cedente, concepto este al que Aragón se opone con rotundidad".

Respecto a la reforma de la Ley de Agua, Sánchez destacó el artículo que hace referencia al régimen concesional, que viene a regular el denominado contrato de cesión de derechos del agua, lo que potencia --dijo—"un régimen jurídico de mercadeo de aguas dejando la puerta abierta a los trasvases entre cuencas hidrográficas distintas".

Para el director general, con la autorización de concesiones de agua "mediante silencio administrativo positivo que plantea la reforma, la Administración puede quedar desposeída de un instrumento fundamental para el cuidado del dominio público".

En definitiva, el director general apunta que "el Estado, al que corresponde la tutela del dominio público hidráulico no debería dejar en manos de los particulares las superiores tareas que la legislación le otorga."

Asimismo, recordó que "en un sistema hidráulico bien planificado se puede y se debe conocer sus propias disponibilidades y las garantías de satisfacción de las diversas demandas con métodos perfectamente determinados y conocidos. Por lo tanto, el que otras comunidades autónomas, bastante más ricas y prósperas que Aragón, planifiquen miles de hectáreas de nuevos regadíos, parques acuáticos, campos de golf etc, contando con que otro resolverá su problema, puede considerarse como un déficit, pero también como una mala planificación"..

El director general concluyó afirmando que "Aragón se siente no sólo en el derecho, sino en la obligación, de defender una explotación adecuada de nuestros recursos naturales, tierra y agua, y que bajo ningún concepto podemos apoyar ninguna medida que hipoteque las posibilidades de futuro desarrollo de nuestra población".