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Miércoles, 28 de septiembre de 2022

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Aprobado un decreto ley que permite revisar los precios de los materiales en las obras públicas

El Gobierno de Aragón ha aprobado hoy un decreto ley que adopta medidas excepcionales y urgentes en materia de revisión de precios en las obras públicas. De esta manera, el Ejecutivo aragonés pretende paliar los efectos que la coincidencia de la crisis sanitaria y la guerra de Ucrania están teniendo en el precio de los materiales, un alza que está generando dificultades en la ejecución de los contratos. La norma afecta asimismo a los contratos de servicios y suministros necesarios para la ejecución de la obra pública.

Mayte Pérez explica el decreto ley de revisión de precios de los materiales

Así, al igual que ha hecho en otras ocasiones, el Gobierno de Aragón ha buscado los instrumentos que sean capaces de atender a todos los sectores que se puedan ver afectados por el encarecimiento de los precios. De esta manera, junto al listado de materiales especificados por el Gobierno de España (siderúrgicos, bituminosos, aluminio y cobre) se introducen los cementos, materiales cerámicos, madera, productos plásticos, áridos y rocas y vidrio.

La intervención del Gobierno aragonés afecta también a los contratos de suministros y servicios necesarios para la ejecución de la obra pública, de manera que da cabida a los contratos de conservación y mantenimiento de carreteras, a la conservación y mantenimiento de edificios públicos y al suministro de los materiales necesarios.

Además, se establecen otras medidas complementarias para abarcar todos los problemas surgidos con los contratistas de obras públicas, tales como la posibilidad de sustituir los materiales por otros siempre que no se altere ni la funcionalidad de los mismos ni la seguridad de la obra.

También decaerá la posibilidad de imponer sanciones a las contratistas si se demuestra que los posibles retrasos en la ejecución de los contratos están provocados por la demora en el suministro de materiales.

Esta norma será aplicable además por parte de los entes locales que así lo acuerden.