José Ramón Ibáñez: “Sobre la exclusión financiera, estamos abiertos a cualquier iniciativa que los llegue desde las entidades bancarias”

El director general de Administración Local del Gobierno de Aragón, José Ramón Ibáñez, indicó esta mañana que “la exclusión financiera es uno de los problemas que el Gobierno se ha propuesto solucionar lo antes posible en el ámbito del reto demográfico y lucha contra la despoblación, un problema que hay que considerarlo más allá de los criterios meramente economicistas pues estos son los que impiden que haya buenos servicios en el medio rural”.

José Ramón Ibáñez intervino en un coloquio organizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en Zaragoza sobre el tema de la exclusión financiera, sobre la que esta organización presentó un estudio, y en la participaron también directivos de Ibercaja y de Caja Rural de Aragón.

El director general de Administración Local elogió la evolución del medio rural aragonés en los 40 años de vigencia del Estatuto de Autonomía que, afirmó, le han sentado muy bien a los municipios del medio rural aragonés y aunque los problemas en el medio rural son variados y complejos fue de la opinión de que “estamos mejor que en otras comunidades autónomas en algunos servicios como son los bancarios”.

Buena parte de su intervención la centró José Ramón Ibáñez en el desarrollo del protocolo firmado en julio del año pasado con Correos, una primera declaración de intenciones sobre la que se está trabajando para que se concrete en la posibilidad de servicios relacionados con la provisión de dinero en efectivo en las pequeñas poblaciones, además de otros servicios relacionados con la administración autonómica como es el pago de tributos desde las propias oficinas de correos, uno de los aspectos que en estos momentos está más adelantado para su vigencia.

Habló también el director general de las posibilidades que ofrecen los multiservicios y los propios carteros como opciones de acceder al dinero en efectivo, además de la instalación de cajeros en aquellos municipios que los soliciten. Por último, quiso dejar claro que el acuerdo con Correos no excluye a nadie y que “estamos abiertos a cualquier iniciativa que nos llegue desde las entidades financieras y de ahorro”.

Estudio de la OCU

El estudio elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre exclusión financiera abarca a todas las comunidades autónomas, con una población encuestada de 2.007 personas, todas ellas con residencia en poblaciones por debajo de los 5.000 habitantes, a través de las cuales se obtuvieron respuestas sobre la presencia de las entidades bancarias y de cajeros automáticos, el acceso al dinero en efectivo y el uso de los medios de pago.

El 2008 el número de oficinas bancarias en España era de 45.662. A finales de 2021 este número había descendido a 20.921, un 54,15% menos. Un 42% de los encuestados afirman que en el transcurso de los últimos 5 años ha cerrado al menos una sucursal bancaria en la localidad en la que residen. El 19% de los habitantes que viven en localidades de menos de 5.000 habitantes no disponen de ninguna sucursal bancaria, porcentaje que asciende al 32% en el caso de quienes residencia en poblaciones por debajo de los 2.000 censados.

En el caso concreto de la Comunidad Autónoma de Aragón, en torno a 56.000 personas no disponen de cajero en la población donde residen y 423 localidades no tienen un punto de acceso bancario en el que operar.

Una de las preguntas que se formuló a los encuestados con residencia en Aragón (113) estuvo referida al número de cajeros existentes en su localidad. Un 24,8% contestó que ninguno; un 8,9% disponía de un solo cajero; un 33,3% disponía de 2; un 25,6% de 3; un 5,1 contaba con 4 cajeros y un 2,4% de los encuestados contestó que en su localidad de residencia había 5 o más cajeros en funcionamiento.

Una de las conclusiones de la encuesta es que las medidas alternativas a los cajeros para prestar

el servicio de acceder al dinero en efectivo se revelan insuficientes.  Las oficinas móviles solo llegan al 20% de las localidades en las que no hay oficinas, con una frecuencia mensual e incluso menor en el 30% de los casos.

Los mayores de 65 años que viven en localidades de menos de 5.000 habitantes son el principal grupo de riesgo de exclusión financiera. El 42,8% no utiliza la banca on-line y aunque la digitalización pueda ser una solución a largo plazo, no lo es a corto plazo debido al alto porcentaje de mayores sin competencias digitales, circunstancia que lleva a que los servicios financieros deban seguir prestándose por los canales tradicionales.

Finalmente, el trabajo de la OCU aconseja el establecimiento de programas de alfabetización digital y financiera para dotar a las personas mayores de conocimientos prácticos para que adquieran conocimientos digitales.