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Educación, Universidad e Investigación

Creada la Comisión Interdepartamental para el desarrollo en las políticas públicas en materia de discapacidad

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana el Decreto por el que se crea y regula la Comisión Interdepartamental de Desarrollo de las Políticas Públicas en Materia de Discapacidad, texto en el que se recogen las principales funciones, composición y normas generales del funcionamiento de este órgano.

Se trata de una Comisión, presidida por la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, que tiene como función principal la coordinación de las actuaciones para desarrollar los objetivos marcados en la Ley 5/2019, de 21 de marzo, de Derechos y Garantías de las Personas con Discapacidad en Aragón, así como la identificación de los obstáculos que impidan su cumplimiento.

Tendrá también esta Comisión la responsabilidad del impulso, seguimiento y evaluación de la ejecución que en materia de discapacidad que se prevén en la Ley; la formulación de recomendaciones a los departamentos y organismos autónomos en el marco de la normativa y planificación vigente; y el intercambio de información relevante en materia de discapacidad.

En la Comunidad Autónoma de Aragón, y para el ejercicio de las competencias sobre acción social, las Cortes de Aragón aprobaron la Ley 5/2019, de 21 de marzo, de Derechos y Garantías de las Personas con Discapacidad en Aragón, que ya contempla las acciones públicas dirigidas a las personas con discapacidad desde una perspectiva transversal, con medidas en el ámbito sanitario, laboral, educativo, cultural o de los transportes, entre otros campos.

El artículo 69 de la propia Ley 5/2019 establece la constitución de la Comisión Interdepartamental de desarrollo de las políticas públicas en materia de discapacidad en la que estarán representados los distintos departamentos y organismos autónomos de la Comunidad Autónoma de Aragón. El apartado segundo de este artículo dispone que este órgano quedará adscrito al Departamento de Presidencia para garantizar la coordinación y el seguimiento de la implementación de las políticas públicas.