Nolasco informa que "1 de cada 5 supuestos menas en Aragón se encuentran en régimen de privación de libertad por orden judicial o pesan sobre ellos diligencias policiales, denuncias o expedientes por comportamientos peligrosos"

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha informado este jueves que "de los 219 supuestos menas que acoge actualmente Aragón a la fuerza, unos 40 están implicados en delitos o en actitudes susceptibles de ser tipificadas como delincuencia en nuestra legislación penal". Se ha referido "sólo a casos de delincuencia y de sucesos de extraordinaria gravedad", dado que "si hablamos de problemas graves de convivencia, la cifra aumenta considerablemente".

Nolasco ha informado que "al menos 1 de cada 5 menas de Aragón se encuentra ya en régimen de privación de libertad por orden judicial debido a la comisión de delitos de extraordinaria gravedad o bien está incurso en expedientes por delitos o por sucesos muy graves, aunque incomprensiblemente se nos obliga a seguir alojándolos en centros de menores". De esa manera, se alcanza la cifra de 40 aludida anteriormente. De ellos, son 16 los que se encuentran en privación de libertad por orden judicial. "Todo ello con un coste de más de 5.000 euros al mes por cabeza con cargo a los impuestos de todos los españoles. Más de 5.000 euros al mes que no llegan a las residencias de ancianos, donde escasean las plazas, o que no les llegan a ningún joven español de familias humildes para pagar los estudios", ha detallado.

El vicepresidente ha dado a conocer un informe, elaborado a partir de la información remitida por las direcciones de los centros de Aragón al Departamento, que constata que "en sólo un mes, del 20 de mayo al 19 de junio, se han producido 17 episodios de delincuencia por robos, por violencia física, por extorsiones, por amenazas y por alteración gravísima y peligrosa del orden, todos ellos cometidos por supuestos menas que el Gobierno de Sánchez nos obliga a tener alojados en centros de menores de Aragón". A continuación, se puede acceder al mencionado informe:

Ha apuntado que este informe "no es valorativo y no recoge opiniones". "Recoge estrictamente un resumen de delitos y sucesos muy graves cometidos por menas en centros de menores y en sus salidas a la calle, con absoluta impunidad, porque cuando son detenidos o arrestados son devueltos incomprensiblemente a los centros de menores para seguir disfrutando de un alojamiento gratis para ellos, pero indecente y carísimo para los españoles", ha subrayado.

El vicepresidente ha refrendado que "Aragón da hoy un paso que hasta la fecha jamás habían dado las autoridades de España, ni las estatales ni las autonómicas: denunciar, con detalle, la situación delincuencial real protagonizada por un porcentaje muy elevado de supuestos menas amparados con regocijo por Pedro Sánchez con el dinero de todos los españoles". "Aragón es hoy el botón de muestra de esa realidad que afecta a toda España, a todas las comunidades autónomas, excepto a aquellas gobernadas por el independentismo a las que el Gobierno de Sánchez, para mantener contentos a sus socios separatistas, les está eximiendo de los repartos forzosos de menas", ha denunciado.

Asimismo, el vicepresidente ha informado que, según los registros del Instituto Nacional de Estadística, "la tasa de condenas penales a menores inmigrantes que residen en España, sean o no menas, estén en situación legal o ilegal; es exactamente el doble de la tasa de condenas penales a menores españoles".

En cuanto al "perfil tipo de estos supuestos menas que residen en centros de menores y que protagonizan delitos y sucesos de mucha gravedad", Nolasco ha desgranado que "son magrebíes, con edad promedio de 17 años -según lo que ellos declaran- y el Gobierno de Pedro Sánchez da por bueno sin someterlos a pruebas forenses de determinación de edad".

Nolasco ha calificado como "corrupción", el hecho de "gastar millones de euros de dinero público de todos los españoles en pagar la estancia de quienes entran ilegalmente en España y, siendo menores o diciendo falsamente que lo son, son premiados con ingentes cantidades de dinero público para que puedan ejercer como delincuentes en España y puedan moverse a sus anchas en esa delincuencia".

Ha incidido en que "aún haciendo todo esto se les pretende garantizar su residencia a futuro en nuestro país cuando sean mayores de edad". "Mientras tanto utilizan nuestro país como una universidad del delito con un extraordinario máster en delincuencia pagado por el Gobierno de Sánchez con el dinero de todos los españoles", ha apostillado.

Nolasco ha insistido en que el ejecutivo autonómico denuncia la inmigración ilegal "en primer lugar, porque es ilegal". De este modo, ha criticado que "esa inmigración ilegal sea amparada permitiendo la estancia en nuestro país de supuestos menores que jamás deberían estar en España, sino en sus países y con sus familias". "Y estoy denunciando que entre esa inmigración ilegal de menores se cuela, con el beneplácito y la colaboración activa del Gobierno de Pedro Sánchez, un alarmante porcentaje de auténticos delincuentes que, con el patrocinio del Estado, disfrutan de una privilegiada estancia a gastos pagados para poder ejercer el delito y perfeccionarse en la delincuencia", ha sintetizado.

Nolasco también ha hecho hincapié en "el triple fraude que está cometiendo el Gobierno de Pedro Sánchez con el envío forzoso de menas a las comunidades autónomas". Lo ha argumentado en que:

"1. Hace pasar por menores a inmigrantes que no comprueba que son realmente menores de edad.

2. Unos menas que no devuelve a sus familias en sus países de origen, incumpliendo las leyes de menores, la Ley de Extranjería y la Convención internacional de Derechos del Niño.

3. Unos menas de los que dice que no tienen referentes familiares, cuando todos ellos indican de dónde vienen, dónde están sus familias e incluso quiénes son", ha resumido.