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Energía

El Gobierno de Aragón acepta los fondos para el autoconsumo pero lamenta la negativa del Ejecutivo central a simplificar su tramitación

Decisión adoptada para "no perjudicar a los beneficiarios aragoneses", aunque acatar las condiciones "pone en peligro" su ejecución en tiempo y forma 

El Gobierno de Aragón ha trasladado al Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), entidad pública empresarial perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, su aceptación a la tercera ampliación de los fondos para el fomento del autoconsumo eléctrico en almacenamiento y gestión, pero lamenta su negativa a simplificar su tramitación. Así lo ha recalcado en una carta remitida este mismo jueves la vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria, Mar Vaquero.

Aragón, de esta forma, no renuncia a recibir la parte que le corresponde de los 500 millones de euros previstos para esta ampliación. “Hemos tomado esta decisión para no perjudicar a los beneficiarios aragoneses, aunque acatar las condiciones del Gobierno central pone en peligro la ejecución en tiempo y forma”, ha recalcado al respecto.

Tal y como se indica en la misiva enviada, se hace constar que la aceptación “se realiza bajo la amenaza del IDAE de perder el derecho a los mismos si no se formaliza la petición antes del 7 de diciembre”. Y también contiene el lamento del Gobierno de Aragón de no atender las “sugerencias” de mejora de las comunidades autónomas, algunas ellas perfectamente aceptables si hubiera existido “voluntad política”.

Un total de doce comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, expusieron en sendas comunicaciones al IDAE los días 14 de noviembre y 5 de diciembre, la necesidad de racionalizar y simplificar la carga administrativa, introducir criterios más flexibles para que las administraciones pudieran destinar los fondos a programas de alta demanda, avanzar hacia un sistema de costes simplificados para la justificación de las ayudas y evitar la duplicidad en la tramitación. Peticiones que se unieron a la solicitud de compartir información de manera trimestral sobre la evolución de las ayudas, modificar las bases reguladoras para evitar duplicidades y elaborar un manual de buenas prácticas de gestión.

En este sentido, la vicepresidenta del Ejecutivo aragonés ha recordado que el Gobierno de España es el “responsable” del diseño de los programas, las bases reguladoras, el procedimiento a seguir y las herramientas informáticas de gestión. Motivo por el que ha lamentado que las comunidades autónomas “nos encontramos con la imposición de un diseño y una carga documental que hace inviable la gestión de los fondos”.

Una difícil tramitación

Consideran todas las autonomías que es imprescindible la modificación del procedimiento para no sumir a los ciudadanos y a las empresas que deseen aspirar a esas ayudas en un “pozo sin fondo” de gestiones administrativas que lo único que consiguen es la renuncia a esas cuantías o la pérdida de un montante económico que “tiene que ir a todos los aragoneses interesados”, no “quedarse en el limbo o en las arcas de los diferentes ejecutivos”.

“La voluntad del Gobierno de Aragón era mejorar sustancialmente una tramitación que se ha demostrado farragosa y en muchos casos inviable porque no consiguen su objetivo esencial: que lleguen a los interesados en poner en marcha su instalación de autoconsumo”, ha asegurado Mar Vaquero.

La vicepresidenta segunda del Ejecutivo aragonés considera “lógico” que el Gobierno central hubiera tenido en cuenta a las administraciones que tramitan esas ayudas, ya que “somos los que sabemos a la perfección el procedimiento y las mejoras que se pueden implementar para ser más útiles y eficaces”.

En ese sentido, Mar Vaquero ha criticado que “en lugar de trabajar por mejorar la gestión de unas cuantías muy importantes para nuestro país”, el Gobierno central ha vuelto a hacer gala de su “nula voluntad de negociación” para llegar a acuerdos que “mejoren la vida de todos los ciudadanos”. “Todas las decisiones que no vayan encaminadas a conseguir que se puedan destinar todos los fondos, son contrarias a la lógica y el sentido común que debe imperar en las administraciones públicas”, ha complementado.