El Gobierno de Aragón y la Fiscalía Superior avanzan en la elaboración de un convenio de colaboración para afrontar la siniestralidad laboral

Desde el inicio de la legislatura, la vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha mostrado en reiteradas ocasiones su preocupación por las cifras de siniestralidad laboral que registra nuestra comunidad. Para seguir trabajando en la puesta en marcha de soluciones efectivas, ha mantenido un encuentro con la Fiscal Superior de Aragón, María Asunción Losada, con el objetivo de avanzar en la futura firma de un convenio de colaboración para afrontar este problema, el primero de los que se van a firmar en los próximos meses en el conjunto de nuestro país.

Esa ha sido la principal conclusión de un encuentro en el que también ha participado el director general de Trabajo, Jesús Divasson; el fiscal jefe de Zaragoza, Felipe Zazurca; y el fiscal de sala coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ángel Javier Muñoz. Todos ellos han trabajado en un borrador que confían que fructifique en las próximas fechas en el convenio de colaboración entre ambas instituciones.

Mar Vaquero, ante los medios de comunicación, ha subrayado que el objetivo del Gobierno de Aragón es lograr la cifra de 0 víctimas laborales. Y que, para alcanzarla, han decidido ejercer una posición de “liderazgo”, encaminada a “implicar a todas las entidades, administraciones y organizaciones que tienen mucho que aportar en una solución que debe ser colectiva”.

“Con la seguridad de los aragoneses no se juega ni se puede buscar el rédito político. Lo que debemos hacer es plantear las soluciones que sean necesarias y trabajar de manera conjunta, no ponernos una medalla”, ha recalcado para justificar esta nueva iniciativa en la que está trabajado el Gobierno de Aragón y que espera que sea una realidad en un corto espacio de tiempo, ya que la voluntad entre ambas instituciones es “máxima”.

Este futuro convenio, que permitiría renovar y sustituir el suscrito en el año 2006, actualizará la realidad laboral de nuestra comunidad de acuerdo a las particularidades del siglo XXI. Todo ello con el objetivo de mejorar la prevención y persecución de los siniestros laborales, además de articular la cooperación entre ambas instituciones para reducir los accidentes en el trabajo.

Cumplir los compromisos

La vicepresidenta segunda ha insistido que en política “lo que más habla de nosotros no son las palabras”, sino que lo hacen “los hechos y las medidas que ponemos en marcha en todo este tiempo para mejorar la vida de todos los ciudadanos”. Y, en materia de siniestralidad, la realidad habla de que el Ejecutivo autonómico lo está considerando un asunto “prioritario”.

En ese sentido, ha precisado las diferentes iniciativas ya aplicadas y encaminadas a afrontar ese problema desde muy diversos frentes, como los 440.000 euros anunciados en el Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral para la puesta en marcha de programas de prevención de riesgos laborales en acuerdo con la patronal y los sindicatos. Unas iniciativas que se desarrollarán hasta septiembre de 2024, en virtud del acuerdo de reparto publicado en el Boletín Oficial de Aragón, que determinó que CEOE, CEPYME, UGT y CCOO recibieran 110.000 euros cada una de ellas para este fin.

También ha recordado que el pasado mes de octubre remitió una carta a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para reclamarle que den cumplimiento al acuerdo de reorganización de julio de 2021. En él se contemplaba la ampliación del número de profesionales de inspección a 91 personas, cifra que todavía no se ha alcanzado a pesar de la incorporación de cinco inspectores tras la misiva destinada al Ejecutivo central. “No vamos a desistir en reclamar lo que consideramos justo y necesario para nuestra comunidad”, ha agregado.

Y, finalmente, ha hecho referencia a la campaña mediática que ya se ha puesto en marcha para concienciar a la ciudadanía en el respeto y cumplimiento de las normas de seguridad laboral, así como para implicar a las empresas y a las entidades sindicales en ese objetivo. Una medida que comenzó en 2023 y tendrá su continuidad también en este ejercicio.