El Gobierno de Aragón traslada una queja institucional al ministro Bolaños por el recorte en la asignación de plazas judiciales y exige su rectificación

El Gobierno de Aragón ha trasladado formalmente una queja institucional al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por el recorte sufrido por la comunidad en la asignación de plazas judiciales, finalmente reducidas de once a siete, y le ha exigido la rectificación de esta decisión.

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, Mar Vaquero, ha remitido una carta al ministro en la que expresa la "profunda preocupación" y el "absoluto desacuerdo" del Ejecutivo autonómico con una decisión que considera gravemente perjudicial para Aragón, que pasa a ser “la comunidad más afectada sin ninguna justificación técnica”.

Tal y como recoge la misiva, esta decisión "constituye un nuevo perjuicio para Aragón y resulta difícilmente justificable desde criterios objetivos de necesidad, carga de trabajo o equilibrio territorial". Además, añade que "contradice el propio proceso de planificación desarrollado durante los últimos meses y supone un tratamiento claramente desfavorable para nuestra Comunidad Autónoma".

Ese trato desigual también queda reflejado en la carta al recordar que, según el propio Real Decreto aprobado, prácticamente todas las comunidades autónomas mantienen el número de plazas inicialmente previsto, mientras que Aragón soporta la mayor reducción de todas. "Resulta difícil comprender que precisamente una comunidad que mantiene elevados niveles de eficiencia judicial y cuyos órganos jurisdiccionales soportan importantes cargas de trabajo sea la única que vea reducida de forma tan significativa la dotación inicialmente prevista", señala la vicepresidenta.

Para Mar Vaquero resulta, además, "especialmente preocupante" comprobar que el texto definitivo del Real Decreto "se aparta incluso de las necesidades técnicas previamente identificadas por el Consejo General del Poder Judicial y por los propios informes que sirvieron de base a la planificación inicial".

Explicaciones

En la carta remitida al ministro, el Gobierno de Aragón solicita una "explicación detallada de los criterios técnicos, objetivos y organizativos" que han motivado la reducción de once a siete plazas judiciales para Aragón. Asimismo, reclama la "revisión y rectificación de esta decisión", recuperando las once plazas inicialmente previstas para la comunidad autónoma.

Del mismo modo, exige que en futuras decisiones sobre planificación judicial "se garantice un tratamiento objetivo, transparente y respetuoso con el principio de igualdad entre todas las comunidades autónomas, atendiendo exclusivamente a criterios de necesidad del servicio público y no a consideraciones ajenas al interés general".

Graves consecuencias para el servicio público de Justicia

El Ejecutivo autonómico advierte de que la decisión adoptada por el Gobierno de España "perjudica directamente a los ciudadanos aragoneses, retrasará la respuesta de la Administración de Justicia y dificultará la implantación efectiva del nuevo modelo organizativo derivado de la Ley Orgánica 1/2025".

En un momento especialmente relevante para la transformación del sistema judicial, el Gobierno de Aragón subraya que "defenderá siempre una Administración de Justicia dotada de los medios necesarios para prestar un servicio eficaz a todos los ciudadanos" y que "no puede aceptar que nuestra comunidad vuelva a resultar perjudicada por decisiones que carecen de una justificación objetiva conocida".

La carta detalla, además, las principales consecuencias del Real Decreto aprobado. Entre ellas, destaca que la petición relativa a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza "se satisface únicamente de forma aparente", ya que la plaza creada "se compensa con la supresión de las dos plazas previstas para la Sección Cuarta". En consecuencia, "el problema de desequilibrio de plantilla que justificaba la creación de estas plazas no se resuelve, sino que simplemente se traslada a otra sección".

Asimismo, denuncia que se "desatiende completamente el refuerzo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón", cuya necesidad había sido calificada expresamente como "acuciante" en los informes técnicos. A ello se suma que las plazas previstas para la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Zaragoza se reducen de seis a tres, un recorte "incluso superior al considerado asumible por los propios informes, que contemplaban únicamente la supresión de dos plazas".

Como consecuencia de todo ello, Aragón recibirá finalmente siete plazas judiciales en lugar de las once inicialmente previstas. Una cifra que, recuerda el Gobierno de Aragón, "queda muy alejada de las catorce plazas que corresponderían a la comunidad si se hubieran atendido íntegramente las necesidades objetivas detectadas durante la planificación".

La carta concluye señalando que las cuatro plazas que desaparecen respecto al compromiso inicial se han destinado al Tribunal Supremo, pese a que "dicho incremento no estaba contemplado en el proyecto inicial ni obedecía a una necesidad puesta de manifiesto en los informes técnicos que sustentaban la planificación". "Resulta incomprensible que sea Aragón quien soporte en exclusiva ese recorte para financiar un incremento de plantilla no previsto inicialmente, en perjuicio de las necesidades reales de nuestra Comunidad Autónoma", concluye la vicepresidenta.